a plataforma cívica Libertad para Jorge y Juan José quedó constituida anoche tras una asamblea para tal fin convocada por la junta de portavoces del Ayuntamiento de Los Barrios y las familias de los dos vecinos que permanecen retenidos en Tánger desde el pasado 5 de junio y han sido recientemente condenados en segunda instancia a tres años de cárcel y 170.000 euros de sanción. El acto tuvo lugar en la sala del cine municipal, que prácticamente se ha llenado.
Tras su constitución, han formalizado inmediatamente su adhesión 17 entidades, entre asociaciones vecinales, organizaciones sindicales, partidos políticos y clubes deportivos, y casi un centenar de ciudadanos a título personal. Entre los asistentes estuvieron presentes el alcalde de Jimena, Pascual Collado, y el concejal jimenato Andrés Beffa en representación de su municipio.
La mesa constituyente, presidida por el alcalde de Los Barrios, Juan Montedeoca, y por Martín Cano Sánchez, como representante de las familias de los dos afectados, estuvo integrada por los ediles Alfonso Pecino, en nombre del PSOE; Jorge Romero, por el PA; Maite Corrales, por el PP, y José Carlos Tocón, en representación de IU. El concejal no adscrito Francisco De la Jara, partícipe también en la iniciativa, no pudo asistir al acto por motivos laborales.
El objetivo de esta plataforma es lograr la liberación y el regreso de Jorge Cano Sánchez y Juan José Ramírez Ruiz y para ello organizará y coordinará todas las actuaciones y movilizaciones, conformes a la legalidad, que considere necesarias; reclamará cuantas intervenciones oficiales sean precisas del gobierno de España, a través de los cauces establecidos, y pedirá a la autoridad competente que se agoten todas las vías, incluida la diplomática.
El comité coordinador, formado por cinco miembros, ha quedado presidido por Martín Cano Sánchez, hermano de Jorge y representante y portavoz de las dos familias afectadas. Dicho comité tiene previsto ya reunirse el próximo miércoles, 13 de octubre, a fin de elaborar un plan de acción.
El acta fundacional del colectivo recoge que "nuestros dos vecinos deben ser absueltos del delito que erróneamente se les imputa. Un delito que no han cometido y, por tanto, por el que jamás habrían sido juzgados, si el infortunio no se hubiera puesto en su contra". En el documento también insiste en que se encuentra abierta a la inscripción de cualquier persona o colectivo que comparta el espíritu de la misma. "No dudamos de la honestidad y la honorabilidad de ambos, como personas y como ciudadanos, y estamos dispuestos a sumar nuestros esfuerzos a fin de conseguir un desenlace feliz para esta trágica historia, de todos conocida".