El TJSA dá la razón a los vecinos de Castellar frente al decreto de la alcaldía sobre la autoconstrucción.

El TJSA anula el decreto para la venta de las viviendas de autoconstrucción en Castellar.
Vaca solicita aclarar la sentencia para no dar lugar a distintas interpretaciones.Los adjudicatarios que pleitearon contra el Ayuntamiento interpretan que las viviendas deben escriturarse en base al primer precio pactado y que esta medida es también aplicable a los otros 18 autoconstructores, que podrían recibir la devolución de la demasía más los intereses devengados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) ha anulado el decreto de enajenación municipal de las 25 viviendas de autoconstrucción de las calles Boyal y Guadiaro como consecuencia de la apelación presentada por seis de sus adjudicatarios ante la sala de lo contencioso administrativo.

El fallo, por tanto, deja sin efecto el proceso iniciado por el Consistorio en 2004 para la escrituración de los inmuebles. Como se recordará, seis de los 25 autoconstructores consideraron en su día que el proceso para escriturar las viviendas no se ajustaba a derecho porque se emprendió desde la entidad municipal sin seguir los preceptos establecidos por la Consejería de Obras Públicas para este tipo de construcciones.

El Consistorio emitió un decreto (el 163/04) por el cual puso a su nombre la promoción -mediante una enajenación- para luego sacar los inmuebles a una subasta restringida como vía para dar una rápida solución al proceso, estancado desde 1995 cuando se acuerda adjudicar las viviendas a los autoconstructores. Sin embargo, el precio de salida en la subasta era 10.200 euros superior al estipulado por la Junta de Andalucía en el convenio de la promoción. 18 adjudicatarios siguieron este cauce y el Consistorio les pasó la titularidad de las viviendas. Las seis viviendas restantes siguen a nombre del Consistorio.

El fallo, que anula el proceso y una sentencia favorable al Ayuntamiento dictada en Algeciras en 2005, no especifica qué acciones debe tomar ahora el Consistorio pero destaca que el decreto vulnera la regulación de la Junta.

Los adjudicatarios que pleitearon contra el Ayuntamiento interpretan que las viviendas deben escriturarse en base al primer precio pactado y que esta medida es también aplicable a los otros 18 autoconstructores, que podrían recibir la devolución de la demasía más los intereses devengados.

Ante estas posibles interpretaciones, el Ayuntamiento ha solicitado, a través de sus servicios jurídicos, una aclaratoria de la resolución para conocer qué acciones debe tomar. Todo ello sin menoscabo de emprender otros trámites al proceso. El alcalde, Francisco Vaca, considera que tampoco se ha dejado claro si el informe técnico emitido por el Consistorio era válido.

El comité local de Izquierda Unida y los adjudicatarios de las viviendas exigen al Consistorio que acate la resolución y sea la Consejería quien tome las riendas del proceso "al quedar demostrado que el Ayuntamiento actuó saltándose la ley".

Francisco Vaca también tuvo que declarar por este asunto dentro de un proceso penal, que fue finalmente archivado en enero de 2oo6.
Leido en Europa Sur.