El catastrazo, punto y aparte... por Antonio Benitez.

HASTA hace sólo dos días no hemos podido conocer el texto completo de la ordenanza fiscal que regula el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en nuestra ciudad. Ha sido posible no por la voluntad de informar del gobierno municipal sino porque la ley obliga a su publicación en el Boletín Oficial de Provincia (BOP), una vez aprobado definitivamente. Con ello se ha puesto de manifiesto de nuevo la falta de transparencia en la gestión y la desinformación interesada que caracteriza la relación de la corporación con los ciudadanos.
Conscientes del rechazo unánime de las asociaciones vecinales, los responsables de la hacienda local, en lugar de dar cuenta a la opinión pública del contenido del documento aprobado provisionalmente hace más de tres meses en la página web del municipio, se limitaron a ofrecer - también en el BOP y también por imperativo legal - la consulta del expediente en las oficinas de la administración tributaria local, dificultando con ello la participación de la mayoría de la población en un debate de tanta trascendencia.
A la vista de la ordenanza que entrará en vigor el próximo 1 de enero se puede afirmar, sin ningún género de dudas, que dentro de diez años - si no cambian las leyes del Catastro o de las Haciendas Locales, o si el Ayuntamiento no decide adelantar de nuevo la revisión catastral - la cuota del impuesto será casi tres veces la del año actual, exactamente un 290 % mayor; que, pese a las bonificaciones anunciadas, el porcentaje medio de subida anual estará próximo al 10%; y que, pasados los tres años bonificados, la cuota a pagar subirá en el siguiente ejercicio un 32%.
La falta de ideas del grupo municipal socialista - incapaz de sanear la hacienda municipal poniendo coto al despilfarro - y el seguidismo injustificado del grupo municipal de Izquierda Unida - impotente, sin razón aparente, para defender su propuesta - han permitido que prospere, ajena al clamor popular, una ordenanza que es contraria a la opinión públicamente manifestada por los representantes en la corporación de la mayoría de los votantes y que contradice el acuerdo de pleno, tomado hace ahora un año, por el que PSOE e IU se comprometieron a modular la presión impositiva atribuible a la subida del valor catastral de las viviendas; una agresión fiscal de la que ya sólo cabe defenderse ante los tribunales de justicia.
Leido en Diario Sur.
Nota de Tiojimeno: Este artículo se refiere al municipio de Algeciras pero creemos que es extrapolable a la situación en cualquier ottro municipio del Campo de Gibraltar, como Jimena , por ejemplo.