El Psoe de La Linea se querella contra Juárez por incumplir una sentencia judicial

Inicia acciones legales al no haber recuperado la finca cuya venta al empresario 'Sandokán', también querellado, fue anulada en 2005 · Arenal 2001 la enajenó a terceros casi un año después del fallo.
El portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Tornay, presentó el pasado día 19 una querella en el juzgado de instrucción número 2 de La Línea contra el alcalde, Juan Carlos Juárez, y el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, por incumplir la sentencia judicial que, el 15 de diciembre de 2005, declaró nula la venta de la finca La Campana, en el camino de Sobrevela, a Arenal 2001.
En cumplimiento de este fallo por la vía contencioso-administrativa, Arenal 2001, a la que el equipo de gobierno vendió la finca el 29 de diciembre de 2004, debía devolver la parcela libre de cargas, y el Ayuntamiento entregar el precio recibido -3,5 millones de euros- e inscribir de nuevo el suelo a su nombre.

En su querella, a la que este diario ha tenido acceso, Tornay no sólo hace hincapié en el incumplimiento de ambas partes, sino también en el hecho de que "los administradores de Arenal 2001, siendo plenamente conscientes de que ya no eran propietarios de la finca, la vendieron a la mercantil Promopinar el 19 de octubre de 2006, entorpeciendo así la materialización de la sentencia".

El portavoz socialista, a través de sus abogados, pide al juzgado en la querella detención y prisión para los supuestos culpables o una fianza de libertad provisional, así como fianza por importe de seis millones de euros "para garantizar las responsabilidades pecuniarias y, de no hacerlo, el inmediato embargo de sus bienes hasta esta suma".

En el caso del alcalde, Miguel Tornay estima que éste ha incurrido, supuestamente, en una responsabilidad penal "al no realizar ningún acto efectivo para reintegrar la parcela dentro del patrimonio municipal". Además, considera que existe "una responsabilidad personal penal como máximo responsable del Ayuntamiento" que justifica con varios argumentos. En este sentido, expone que el equipo de gobierno adjudicó esta parcela a Arenal 2001 "por la cara" y que, una vez conocido el fallo, "en lugar de utilizar los amplísimos poderes que las leyes administrativas conceden a cualquier ente público para recuperar de oficio sus bienes, nada de ello se hace. Al contrario, la filosofía del Ayuntamiento ha sido buscar el camino para volver a adjudicar la finca a la misma empresa o dificultar la ejecución de la sentencia para que no variase el status quo anterior a la misma", dice la querella.

Agrega el político del PSOE sobre este último punto que, entre los meses de mayo y junio de 2006, "se intentó volver a adjudicar el suelo a Arenal 2001 de forma directa, hecho que se ocultó al juzgado de lo contencioso hasta este año. (...) Habrá que investigar si se ha cometido un delito con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, en concurso con varios posibles delitos contra la administración, pues el Ayuntamiento se ha negado a dar cumplimiento a una autoridad judicial. (...) A dichos delitos habrá que unir las falsedades documentales cometidas cada vez que se ha presentado un documento público en el que se expresaba que ya se había dado pleno cumplimiento al fallo siendo falso", manifiesta el querellante, para el que "la pasividad del alcalde posibilitó que la finca se vendiera a un tercero".

Sobre la responsabilidad penal en la que habrían incurrido supuestamente los administradores de Arenal 2001, la querella cita que "nada impide tipificar la posterior venta de la parcela cuya titularidad habían perdido y sobre la que pendía un proceso ejecutivo como insolvencias punibles de las tipificadas, cuando no como una estafa o una apropiación indebida".

Para la comprobación de los hechos referidos, el querellante solicita al juez la práctica de varias diligencias. En el apartado documental, pide comprobar a través del Registro Mercantil de Madrid la composición de las empresas Arenal 2001 y Promopinar cuando el suelo fue vendido a la segunda, así como recabar "la hoja histórico-penal de los querellados".

Por otro lado, solicita la declaración de los querellados y la testifical del tesorero municipal, Javier Marín; la interventora, Rosario Jiménez; Juan Moreno Carrión, técnico adjunto a la Alcaldía; Sonia Rey, técnico de la oficina de Patrimonio; y César Escobar, ex secretario general del Ayuntamiento, para que informe "de las medidas concretas que entre 2005 y 2008 se han dado para cumplir la sentencia".
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