El fiscal de Medio Ambiente dice que las regularizaciones generan lobbys

Ángel Núñez estima que los ayuntamientos no se han leído el artículo 183 de la LOUA que permite la demolición de casas ilegales para restablecer el orden, "una competencia meramente sancionadora".
Las Jornadas Medio Ambiente es Todo pusieron especial atención en el urbanismo y sus efectos en el entorno. Con esta intención, Agaden y la Asociación Micológica Chantarella invitaron ayer al fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial, Ángel Núñez, que analizó en la Casa Verde de Jimena la legislación aplicable ante más de 70 asistentes.

Núñez aseguró que el Ministerio Fiscal es muy crítico con los procesos de regularización de las viviendas ilegales. Sobre la intención del Ayuntamiento de San Roque de acordar con la Junta arreglar el problema en El Albarracín, el fiscal argumentó que esta táctica no resuelve nada. "Es más, se ha convertido en un efecto llamada. Un proceso de regularización si no va acompañado de un ejercicio férreo de la disciplina urbanística no cambia las cosas", precisó.

Asimismo, analizó que cuando una regularización se pone en marcha se crean grupos de poder, lobbys, que "luego exigen fondos públicos para los equipamientos. Pero la revalorización del inmueble es íntegra para los propietarios", cuestionó. A colación, Núñez desveló que la Justicia poco puede hacer. "A mí me han contado que hay alcaldes que le han dicho a la Junta, yo no tiro ninguna casa", reveló. Pero como funcionario judicial lanzó un mensaje positivo: "Vamos avanzando no tanto por sentencias condenatorias sino porque va calando en la sociedad que quien construye ilegalmente realiza un daño a toda la sociedad y al interés general. Esa sensibilidad va en aumento", elogió.

Ante este panorama, el fiscal tachó de fundamental que las autoridades pongan freno. "Creo que el artículo 183 de la LOUA no se lo ha leído ningún ayuntamiento y eso que permite la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes", sostuvo. Núñez vislumbró que pese a las dificultades técnicas para aplicar los delitos urbanísticos, la LOUA posibilita poner cotos. "El artículo 189 posibilita precintar y hasta retirar los materiales. También permite imponer multas coercitivas que llevan al propio individuo a demoler la casa ante la sanción", aclaró. Casos como éste han sucedido en Tarifa y Algeciras recientemente.

El fiscal permitió al público, entre los que había letrados, ecologistas e interesados en general, echar mano de la casuística para cuestionar las incontables casas ilegales que existen en el Campo de Gibraltar.
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Foto: TJD