El ayuntamiento de Jimena modificó las normas subsidiarias a la carta

Nota de Prensa de Agaden.
Dentro de las irregularidades y avatares que han tenido como consecuencia la imputación de varios cargos políticos y técnicos del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera en el Juzgado de San Roque, como consecuencia de la construcción de un chalet de lujo en la finca La Bordalla, de este término municipal, destaca el intermedio de al menos dos años para poder ajustar a la legalidad lo ejecutado ilegalmente.
Esto se desprende del análisis de la documentación obrante en el expediente de esta actuación.
La licencia que en su día concedió el Ayuntamiento, con fecha 27 de
Octubre de 2004, tuvo que ser anulada y sujeta a revisión por orden de la
Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
Este organismo se vio obligado a solicitar esta anulación, al detectarse
irregularidades en el procedimiento administrativo y por la carencia de
documentos.
A saber, faltaban en el expediente remitido por el Ayuntamiento a ese
organismo el Informe del Arquitecto Municipal, la admisión a trámite del
proyecto de actuación, la publicación en Boletín Oficial de la Provincia
y la emisión de un Informe Jurídico de la Secretaria General del
Ayuntamiento.
Asimismo, también carecía de documentos relativos a la dedicación
profesional de la actividad agrícola por parte del solicitante, los
certificados de renta y similares de la explotación, el compromiso de
mantenimiento de la actividad y la vinculación de la vivienda a la misma,
y un largo etc.
Todo ello en cumplimiento de la legislación urbanística, del
procedimiento administrativo y de la ley de explotaciones agropecuarias.
No obstante, no sólo se concede en su día la licencia, sino que el
Arquitecto Municipal emite un Informe, certificando que las superficies
construidas se ajustan a la Norma Subsidiaria de Planeamiento Urbanístico
de Jimena de la Frontera.
Cabe plantarse en este momento dos cuestiones fundamentales acerca de por
qué los gobernantes municipales hacen caso omiso a las recomendaciones de
la Secretaria, la cual en la sesión en la que se concede la licencia
advierte a estos señores que el trámite que se está llevando a cabo no
es el correcto.
Y, por otro lado, el Arquitecto Municipal emite a posteriori un informe
(como hemos mencionado) en el que manifiesta que lo construido está acorde
con las normas subsidiarias.
Bine, la superficie construida para la vivienda es de aproximadamente 300
metros cuadrados, cuando las Normas Subsidiarias permiten para una
construcción en suelo rústico 150 metros cuadrados.
Habíendo sido admitida a trámite la denuncia interpuesta por AGADEN, ante
la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, el
procedimiento administrativo de esta construcción es frenado en seco por
parte del Ayuntamiento.
Para AGADEN, el Ayuntamiento le ve ?las orejas al lobo? y siendo
conscientes de haber obrado ilegalmente, maniobra llevando a cabo una
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico.
Y esta maniobra consiste en adaptar esta norma municipal a lo tipificado en
el Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural de los Alcornocales.
Espacio protegido en cuyos límites se encuentra ubicada la finca y la
construcción.
Todo ello, sospechamos, con la intervención directa de todos los
organismos competentes; es decir, Ayuntamiento, Delegaciones de Obras
Públicas y Medio Ambiente y Oficina del Parque Natural.
¿Y por qué esta adaptación?. Muy sencillo, las normas del Parque
permiten la construcción de 300 metros cuadrados en el Parque, dentro de
los límites de hectáreas que posee la finca.
Con ello, se soluciona el problema y se salva el escollo.
Para ello se emiten los informes correspondientes del Arquitecto Municipal,
se somete a Pleno Municipal para su aprobación, se somete al dictamen de
las Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Medio Ambiente y, una
vez superado todo esto, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia.
Es en este momento, cuando esta modificación se convierte en normativa y
la superficie construida pasa a estar dentro de los parámetros permitidos.
La publicación en el BOP se produce el día 5 de Febrero de 2007, justo
dos años después de solicitar la Delegación Provincial de Obras
Públicas la anulación de la licencia y ser aceptada por el Ayuntamiento.
Maniobra ésta que tiene un beneficio por partida doble; el Ayuntamiento
sale del escollo de haber autorizado ilegalmente, los técnicos municipales
pretenden salvar el pellejo y el promotor aparece como un cumplidor de la
legalidad.
A partir de ahí, se vuelve a reactivar el procedimiento administrativo que
llega hasta nuestros días.
Pero, desde el punto de vista de AGADEN, todos estos actores han cometido
irregularidades manifiestas y entendemos que deben de pagar judicialmente
por ello.
Desde AGADEN entendemos que la legislación tiene que estar al servicio del
ciudadano, pero también para su cumplimiento.
Y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Jimena con la connivencia de otros
tantos organismos que por ser del mismo signo le han beneficiado en esta
labor, ha sido prostituir la legislación en beneficio de un interés
particular en lo que se refiere al promotor, y de un interés partidista en
lo que se refiere a la actuación municipal.
Una modificación puntual de unas Normas Subsidiarias no deben de llevarse
a cabo para intereses particulares y si, para intereses generales.
Se da la circunstancia de que, amparándose en esta modificación, otro
promotor que pretende construir en los límites del Parque, teniendo
proyecto de actuación par construir vivienda de 150 metros cuadrados y
habiendo iniciado procedimiento en toda regla, se apresura a presentar otro
proyecto par ampliar la vivienda a 300 metros cuadrados.
AGADEN critica además la actuación tanto del Ayuntamiento de Jimena como
del Director Conservador del P. N. de los Alcornocales por permitir con
esta modificación la llegada de señores con poder adquisitivo y que se
construyan su segunda (o tercera, cuarta o quinta) en este espacio natural
privilegiado.
Todo ello con documentación sobre la explotación de difícil credibilidad
como demuestran los documentos existentes en los expedientes y la realidad
de las fincas. Entendiendo que son meros maquillajes para construir
residencias de lujo.
AGADEN va a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso y para
ello, piensa remitir en los próximos días escrito a la Fiscalía de Medio
Ambiente para que se presente como parte en la causa por los supuestos
indicios de delito que ha detectado el Juzgado de Instrucción de San
Roque.


Fdo. Francisco J. Rebolledo
Coordinador Local AGADEN-Jimena.