El fiscal pide para Juárez 10 años de inhabilitación por los contratos

La solicitud es la misma para Aguilera, el ex edil González Carbonell y los trabajadores municipales Vicente Lara y Gabriel García Pastor · Estima que hay un delito continuado de prevaricación.
La solicitud es la misma para Aguilera, el ex edil González Carbonell y los trabajadores municipales Vicente Lara y Gabriel García Pastor · Estima que hay un delito continuado de prevaricación.El fiscal solicita diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación para todos los acusados en el caso de los contratos de La Línea: el alcalde, Juan Carlos Juárez, el concejal Manuel Aguilera, el ex edil Alfonso González Carbonell y los trabajadores municipales Vicente Lara y Gabriel García Pastor.

Así consta en el escrito de acusación que ya ha sido remitido al juzgado de instrucción número 3 de La Línea y al que ha tenido acceso Europa Sur.

En el mismo, el fiscal desgrana que, entre 1999 y 2000, coincidiendo con la llegada de Juan Carlos Juárez a la Alcaldía bajo las siglas del Grupo Independiente Liberal (GIL), se llevaron a cabo una serie de contrataciones, un total de 114, "siguiendo un procedimiento ilegal".

Según explica el fiscal, los acusados que formaron parte del comité técnico de selección -Aguilera, entonces concejal de Personal; González Carbonell, entonces edil de Medio Ambiente; Vicente Lara; y Gabriel García Pastor- "no siguieron ningún procedimiento legal o reglamentario para elegir y elevar al alcalde el listado de aspirantes idóneos para cada puesto, ya que las actas de selección no iban acompañadas ni del listado de aspirantes inicialmente remitido por el departamento de Fomento de Empleo, ni de la documentación acreditativa de los méritos aportados o las entrevistas mantenidas con los distintos candidatos, a fin de justificar que los aspirantes seleccionados y finalmente propuestos por el comité para ser contratados por el alcalde fueron elegidos sin vulnerar los principios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad, llegando a proponer en varios casos a personas que no estaban registradas en el Club del Trabajo".

Agrega el fiscal en su escrito de acusación, el que insta a la apertura de juicio oral ante el órgano competente, que, en consecuencia, las cuatro personas antes mencionadas "propusieron al alcalde la contratación de un listado de candidatos elegidos por los acusados sin observar ningún procedimiento legal y basándose en criterios de selección frontalmente contrarios a los principios de igualdad, méritos y capacidad antes referidos, tales como las relaciones de parentesco o personales que tenían algunos candidatos con algún miembro del comité o las relaciones políticas existentes entre ellos, como el hecho de que varios de los contratados hubiesen intervenido en las elecciones municipales del año 1999 como candidatos o como interventores del Grupo Independiente Liberal (GIL), siguiendo en general un criterio de contratación a dedo".

Continúa el fiscal diciendo que, posteriormente, cuando el alcalde acusado recibía el acta levantada por el comité técnico con la propuesta concreta de aspirantes para contratar, "procedía a firmar el decreto que ordenaba su contratación, así como el contrato laboral de cada contratado. Y todo ello a sabiendas de que el proceso de selección seguido era contrario al ordenamiento jurídico y de que su resolución de contratar al candidato propuesto era contraria al principio de igualdad, capacidad y mérito, ya que suponía una lesión al interés de todos los demás ciudadanos aspirantes al mismo puesto. El alcalde acusado llegó incluso a firmar algunos contratos para puestos de trabajo de categoría o grupo profesional distintos a aquel puesto para el que el acta de selección le proponía", manifiesta el fiscal.

Por todo ello, el fiscal, que desgrana a continuación todas y cada de las 114 contrataciones supuestamente ilegales -incluyendo fecha de contratación-, ninguna de las cuales fue firmada por el representante legal del trabajador, solicita diez años de inhabilitación para cada uno de los acusados, así como el pago de las costas procesales.

Además, hace hincapié en que los acusados eran conscientes de que todos los contratos enumerados "se celebraron pese a no existir consignación presupuestaria para atender los pagos de los salarios, sin que se hiciera pública la modificación de la plantilla previamente aprobada por el pleno y sin que se justificaran cuáles eran las razones de urgente necesidad en las que se fundamentaban la mayor parte de los contratos celebrados. El interventor del Ayuntamiento realizó un informe en el que formuló los reparos que estimaba oportunos como consecuencia de la falta de consignación presupuestaria que avalara las contrataciones, si bien queda constancia de que mediante de la aprobación de los presupuestos siguientes se logró regularizar esa situación", dice.

A diferencia de lo que se hizo al final supuestamente, el procedimiento que se debió haber seguido según el fiscal era el siguiente. En primer lugar, las delegaciones municipales que precisaran personal debieron remitir la petición de contratación a la delegación de Fomento de Empleo, donde se había creado el Club del Trabajo, un lugar donde los demandantes presentan sus datos personales y sus méritos profesionales.

En segundo lugar, Fomento, una vez recibidas las peticiones, debió solicitar al Club del Trabajo que remitiese para cada puesto, y de acuerdo con el perfil adecuado, un listado de aspirantes que considerara idóneos conforme a una preselección curricular.

En tercer lugar, Fomento debió dirigir ese listado de aspirantes para cada puesto al comité técnico para que revisara los méritos aportados por cada candidato y, en su caso, las entrevistas mantenidas con cada uno de ellos, y después de llevar a cabo una votación de sus miembros, proceder a extender un acta con las propuestas de contratación.

Leído en Europa Sur.