El Gobierno estudia "aliviar" el retraso en el pago de ayuntamientos a empresas

El ministro de Hacienda, Carlos Ocaña, dice que la cifra de 30.000 millones en la que algunos expertos tasan la deuda de las administraciones públicas es exagerada.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció este lunes que el Gobierno está estudiando cómo "aliviar" el problema que supone que algunas administraciones públicas no paguen en un plazo "razonable" a las empresas, una medida que se podría instrumentalizar a través del ICO.

En un curso económico organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Ocaña destacó que los ayuntamientos siempre han pagado con un retraso superior a 60 días, "que es el límite de la administración central y que sí lo cumple", aunque admitió que "puede que esos plazos se hayan deteriorado algo más" por la coyuntura económica.

En cualquier caso, indicó que hay que ser "cuidadoso" con este asunto porque no todos los ayuntamientos "son iguales".
Ocaña subrayó que el Gobierno desconoce a cuánto asciende la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas con las empresas, pero incidió en que la cifra de 30.000 millones de euros, que manejan algunos expertos, es una "pequeña exageración".

A este respecto, indicó que los 8.000 millones destinados a los ayuntamientos en el Fondo Estatal de Inversión Local evitará este problema, ya que el pago del Estado a los consistorios "se hace frente a obra certificada en dos plazos y en el último de ellos para pagar el 30 por ciento final es necesario que se haya pagado a las empresas la primera parte".

Asimismo, señaló que Hacienda ha recibido 655.979 peticiones de aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente a 2008, por una cuantía total de 9.580,27 millones de euros, mientras que en 2007, fueron 504.195 solicitudes por un importe de 6.162,6 millones.

Según Ocaña, del total de las peticiones presentadas el año pasado, la Agencia Tributaria ha concedido hasta la fecha 420.620 solicitudes por un importe de 3.675,03 millones, frente a las 345.759 que se aceptaron en 2007, por valor de 2.539,08 millones de euros.

Ocaña afirmó que el problema del aplazamiento de la deuda es "financiero, no de gasto público", ya que, señaló, "el impacto en caja es importante, pero es sólo un retraso en los ingresos finales del Estado".
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