El juez autoriza la venta de la ganadería de "La Morisca"

Primero se vendieron caballos de pura sangre y ahora le toca el turno a los toros bravos. La situación económica de las sociedades de Juan Antonio Roca es cada vez más complicada, tanto que los administradores judiciales llevan meses solicitando al juez instructor del 'caso Malaya' garantías hipotecarias y ventas de bienes para hacer frente a las cuantiosas deudas que acumulan, la mayoría con Hacienda. La última autorización de venta del instructor de la causa, el juez Óscar Pérez, es también una de las más simbólicas: la ganadería de Roca con la sociedad Perinal en la finca 'La Morisca', en Jimena de la Frontera (Cádiz), propiedad que cuenta con una plaza de toros y su propio helipuerto.
El juez autorizó el pasado día 22 de abril «la liquidación de la ganadería brava, la venta de los hierros Ganadería de San Miguel y Toros de San Miguel», propiedad de la mercantil de la que es interventora en la actualidad la hija del ex asesor urbanístico, María Roca Jimeno. El pasado 31 de marzo y después de pedir tiempo para que su padre se reuniera con los administradores y valorara la situación, la joven mostró su conformidad con la venta del hierro y los toros «siempre y cuando la misma se realice en las mejores condiciones que el mercado permita».
No es la primera venta que se autoriza para sufragar deudas. Hace un año, le tocó el turno al hotel de Los Alcáceres (Murcia) por 26,5 millones de euros y al Palacio o Palacete de Saldaña, ubicado en Madrid, por 15,5, ambos de la empresa de Roca, Condeor. Además, dos de las sociedades que presentan deudas tributarias, la Compañía Inmobiliaria Masdevallía y One Propierties fueron declaradas el pasado mes de julio en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, después de ser solicitado por el administrador judicial y autorizado por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella.
La defensa de Roca, considerado el presunto cerebro del 'caso Malaya', ha reiterado en numerosas ocasiones que la administración judicial fue nombrada para salvaguardar el patrimonio de su defendido a fin de responder a una eventual condena y «lo único que han conseguido hasta ahora es perjudicarlo». De hecho, siete de sus empresas intervenidas, entre las que se encuentra Perinal y Marqués de Velilla -propietaria de un centenar de caballos de pura raza- acumulan una deuda fiscal de 8,2 millones de euros, la mayoría en relación a declaraciones del Impuesto de Sociedades desde 2005 que no fueron presentadas por el anterior administrador judicial en plazo, así como a periodos de IVA sin declarar o a liquidaciones de retenciones.
Leído en el diario Sur.