La Fiscalía de Medio Ambiente abre 147 procesos en 2008 en la comarca.

Inmaculada Budiño destaca que los procesos por construcciones ilegales suelen acabar en juicios de faltas por desobediencia · Las principales edificaciones al margen de la ley, en el parque del Estrecho

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Algeciras inició hasta 147 diligencias de investigación durante el pasado año 2008, según se desprende de la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico editada por la Fiscalía Superior de Andalucía. Durante el pasado ejercicio se incoaron un total de 655 expedientes de investigación en toda la provincia, de los que 508 dependieron de la Fiscalía de Cádiz y los 147 restantes de Algeciras, titulada por Inmaculada Budiño.


La fiscalía algecireña tramitó menos expedientes que en el año precedente (174) si bien el total provincial en 2007 fue sensiblemente menor ya que hace dos años se iniciaron hasta 385 procedimientos. La entidad subraya en su informe que esta evolución positiva del conjunto de las fiscalías gaditanas se produce como consecuencia de una mayor diligencia por parte de las administraciones a la hora de trasladar los casos con indicios delictivos, especialmente los relativos a la ordenación del suelo. 628 de los 655 expedientes fueron relativos a este área competencial.

Budiño expone que la mayor parte de construcciones ilegales en el ámbito del Campo de Gibraltar son segundas residencias de verano donde el procedimiento administrativo rara vez da frutos, llegándose al encausamiento penal que, en muchos casos, impone condenas por faltas de desobediencia. Dichas faltas se justifican en el incumplimiento de la orden administrativa de paralización o en la dificultad de comprensión. Sin embargo, los Juzgados de lo Penal de la capital y sus secciones "no mantiene esa doctrina y sí se producen condenas por delito de desobediencia", reza el informe.

Así, el informe recoge que el problema de las construcciones ilegales en espacios protegidos sigue teniendo especial incidencia en el parque natural del Estrecho. El documento insiste en la necesidad de conseguir "el más temprano conocimiento de los hechos a fin de posibilitar la temporánea adopción de medidas cautelares de paralización de las obras a fin de evitar que el procedimiento penal se inicie cuando las construcciones ya se encuentran habitadas". Este último extremo se produce "con demasiada frecuencia", dando lugar a disfunciones.

Ante estos casos, la fiscalía solicita la paralización de las obras y prohibición de ocupación y contratación de suministros, si bien "no todos los órganos judiciales actúan con la misma celeridad", según el informe.

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