El Defensor del Pueblo propone que se prohíba edificar a menos de 500 metros del mar

Un informe reprende con dureza la política urbanística de Junta y ayuntamientos
El defensor del pueblo de Andalucía, José Chamizo, propuso ayer una moratoria a la construcción en la franja de los primeros 500 metros a partir de la orilla del mar, la denominada zona de influencia, una medida que reconoció "extraordinariamente restrictiva", pero oportuna para paliar los "graves daños causados al litoral por la masiva ocupación de amplios espacios contiguos o muy cercanos al dominio marítimo".

Chamizo aboga por un Código Penal más eficaz contra el delito urbanístico

La ocupación del suelo no urbanizable es una "hecatombe ecológica"

La pertinencia de una medida de tal calibre es una derivada del informe especial sobre la ordenación del territorio y el urbanismo elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo que Chamizo entregó ayer a la la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, y que contiene una severa reprimenda a las administraciones públicas no ya por sus ineficaces políticas en la materia sino por algo aún más grave como el incumplimiento de la normativa.

El Defensor relata la instrucción de numerosas quejas en las que ha constatado que los "responsables públicos municipales inician expedientes sancionadores pero no los concluyen, y si finalmente lo llevan a término, posteriormente no ejecutan sus resoluciones". El informe lamenta que "las acciones ilegales en el urbanismo son extraordinariamente numerosas y constituyen un problema de primer orden que, en nuestra comunidad autónoma, en modo alguno está resuelto".

El documento abunda en la construcción "indiscriminada" en el suelo no urbanizable, fenómeno de tal dimensión que llega a denominar "hecatombe ecológica", y constata el fracaso por incumplimiento de los planes que se han hecho para erradicarlas. Una de las propuestas de Chamizo es la reforma "urgente" del Código Penal "que permita perseguir más eficazmente" los delitos urbanísticos porque existen "imprecisiones técnicas" y "lagunas" en la redacción actual. El Defensor es partidario de que las administraciones soliciten la demolición de las construcciones indebidas en los procedimientos en que actúan como demandantes.

El informe denuncia la desidia de Junta y ayuntamientos porque, pese al cúmulo de anormalidades y de debates y análisis sobre lo ocurrido, apenas se atestiguan propósitos de enmienda. "Seguimos contemplando como la preocupación que traslucen los poderes públicos por la preservación de los valores naturales y paisajísticos de nuestro litoral no va acompañada de medidas que impidan su deterioro", sostiene el Defensor.

Se queja por ejemplo de que las normas de protección del litoral han sido "ignoradas e inobservadas en términos generales", o que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobara en 2006, 12 años después de la ley territorial que estipulaba un plazo de dos años para elaborarlo, y que contenía "incongruentes previsiones".

El informe también se detiene en la "inasumible" carencia de vivienda a precio asequible y considera "injustificable que no se hayan aprovechado estos años de extraordinaria bonanza, al menos para conseguir suelo en entidad suficiente para atender tanta necesidad como existe".

El Defensor aborda también un fenómeno sobre el que recibe numerosas quejas, el acoso inmobiliario. Además de denunciar la "pasividad en la que incurren la inmensa mayoría de ayuntamientos a la hora de exigir responsabilidades por incumplimiento de la función social de la propiedad a los titulares de solares sin edificar y edificaciones ruinosas", Chamizo emplaza a los consistorios a actuar de oficio y a "apoyar y asesorar"a los inquilinos que sufran mobbing.