Los dueños de las casas ilegales de Chiclana aceptan pagar la regularización

El Ayuntamiento negociará con los vecinos un sistema "flexible" de cobro
La regularización de casas ilegales en Chiclana (Cádiz) aspira a ser el modelo que tomen otros muchos municipios que en España sufren el mismo problema: la proliferación de viviendas desordenadas y sin licencia.

El proceso impulsado por su Ayuntamiento, gobernado ahora por el PSOE, IU y PSA, se encontró con un frontal rechazo de un número importante de propietarios, que se negaban a pagar las cantidades estimadas para la habilitación de servicios básicos como el asfaltado de carreteras, el alumbrado, el alcantarillado o el agua potable. Tras varias reuniones, todos han cedido. Los propietarios están dispuestos a pagar y el Consistorio les dará facilidades.
Según los datos del plan de inspección municipal encargado por la Consejería de Vivienda, en Chiclana hay 15.007 viviendas ilegales. Para ordenarlas, el Ayuntamiento dividió el extrarradio de la ciudad en nueve áreas de gestión básica. Diseñó para cada una su particular plan de actuación. En total son 18 millones de metros cuadrados, que han crecido de forma irregular y a los que hay que dotarles de los servicios básicos. Será un proceso caro. El Consistorio estima que serán necesarios unos 75 millones de euros. El quién los pagará ha sido el principal freno para el arranque de la tan ansiada regularización.

El equipo de gobierno tiene pendiente aprobar las ordenanzas de estas áreas de gestión básica que, en la práctica, son el documento que gestionará todo el ambicioso plan de legalización. Son 68 páginas ya elaboradas aunque tienen detalles por perfilar. El Consistorio no ha querido aprobarlas sin antes intentar conseguir el mayor respaldo posible de los vecinos. No está siendo fácil. Durante muchos meses, los propietarios de estas casas ilegales, unidos ahora en una plataforma, se han opuesto a la propuesta municipal que hace recaer sobre ellos todo el coste de la regularización. Ellos, con el apoyo de otros partidos como el PP, han abogado por que sea la Junta y el Ayuntamiento los que pongan gran parte del dinero.

La nueva plataforma llegó a convocar con éxito una manifestación de dueños de casas ilegales y el equipo de gobierno certificó con esta cita las enormes dificultades para emprender la regularización sin su apoyo.

El principal escollo estribaba en la forma de pago de dos de las obras más costosas: el agua y el alcantarillado. Los vecinos reclamaban que ese dinero, estimado entre 6.000 y 12.000 euros por casa, fuera incluido en el canon mensual de la basura. "Estamos en crisis y no podemos pagar, pero hacerlo poco a poco mensualmente es algo asumible por todos", sugería Miguel Pérez, el portavoz de la plataforma.

Finalmente, el Ayuntamiento ha aceptado esa propuesta, que se incluirá en las ordenanzas que se quieren aprobar en los próximos días. "Esto más que un logro político es un logro social", ha dicho el alcalde, el socialista José María Román. Sabe, no obstante, de la complejidad de la operación. Ya está en conversaciones con entidades bancarias y la Junta de Andalucía para que adelanten el dinero necesario. Como el resto de cobros requeridos, el Ayuntamiento ha propuesto a los vecinos tres pagos. El primero, por adelantado, del 60%; el segundo, antes de empezar las obras, del 25%; y el resto cuando se culminen. Este fraccionamiento no convence del todo a los propietarios. El avance es que, ahora todas las partes apuestan por un acuerdo completo pronto.