La Junta de Andalucía, propietaria de esta finca en territorio castellarense, enajenó el pasado marzo 3,624 de sus hectáreas de suelo rústico para el cumplimiento de una función social, concretamente para destinarla a actividad deportiva como campo de tiro, una gestión en la que el Ayuntamiento trabajaba desde hace cinco años.
Los interesados disponen de un mes para redactar el proyecto de legalización de la zona como campo de tiro que será presentado a la Dirección General de la Guardia Civil, organismo que dispone de cuatro meses para deliberar su aprobación.
Asimismo, ya se ha solicitado el presupuesto para el cerramiento perimetral de la zona y una vez contada con la aprobación de la Guardia Civil, la Oficina Técnica elaborará un proyecto para el área enajenada en el que se incluirá aparte, del campo para la actividad deportiva, aparcamientos, servicios y bar, unas instalaciones que se cederán al colectivo de Caza local para su posterior explotación.
