Un total de 14 viviendas enclavadas dentro del término municipal de Tarifa, algunas de ellas en lugares de alto valor natural y ecológico como el propio parque natural del Estrecho, han sido ya derribadas en lo que va de año como consecuencia de la propia tramitación de los distintos expedientes administrativos y sancionadores de los que eran protagonistas por la ocupación de suelo.
La oficina municipal de disciplina urbanística contabiliza un total de 13 derrumbes voluntarios y uno forzoso en medio año, lo que representa el 60% del volumen de derribos acometidos durante el pasado año que propició que 24 viviendas de distintas volumetrías y características cayeran ante el peso de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Los derrumbes, ordenados desde el propio Consistorio o la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han sido fruto del devenir de los distintos expedientes abiertos contra las propiedades construidas de manera ilegal o irregular. Se tratan en algunos casos de expedientes iniciados incluso en el año 2002 que ahora son resueltos en derribo ante las constantes multas coercitivas de cuantías entre 30.000 y 180.000 euros a las que los propietarios no pueden hacer frente, optando entonces por concretar el derribo voluntario de las construcciones.
Betijuelo, Palomino, Paloma Baja, La Peña, Las Cumbres, Gudalmesí, La Zarzuela o El Torrejón, son todos enclaves naturales de única belleza que durante años han sido usurpados de distinta forma por la acción antrópica. Sin embargo, en los últimos años la construcción ilegal ha venido sufriendo un retroceso que tiene en la crisis económica a uno de sus principales factores, pero no así al único.
La propia Fiscalía de Medio Ambiente en su informe anual correspondiente al año 2009, ya apuntó a una clara y notoria reducción de las construcciones ilegales, así como una estrecha colaboración de los Ayuntamientos con otras administraciones competentes en la disciplina urbanística que ha derivado en una mayor rapidez en los procesos abiertos. No obstante el informe de la Fiscalía sí apuntaba a que son los suelos de los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho o en zonas de dominio público como montes, servidumbres o protección marítimo terrestre, las principales bolsas de viviendas ilegales sobre las que se cursan la mayoría de los procesos judiciales.
La Fiscalía reconoce en el documento que casi todas las obras han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento o por la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, observándose la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas en los procedimientos administrativos, que son incumplidas en la gran mayoría, lo que se traduce en posteriores condenas contra el propietario por desobediencia.
Leído en: Europa Sur.
