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| Foto: J Garcia |
La Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado «pertinente» y ha admitido que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sea sometido en calidad de testigo a una «prueba de interrogatorio» por no haberse inhibido en la concesión de una subvención de más de diez millones de euros para la empresa Minas de Aguas Teñidas S. A. (Matsa), para la que trabajaba una hija del por entonces presidente del Gobierno andaluz.
El PP, que ha sido quien ha facilitado la providencia del alto tribunal, acudió en su día a la Justicia andaluza en contra de la decisión del Gobierno regional de no incoar expediente sancionador a Chaves por el conocido como «caso Matsa». «En relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente la misma», indica el documento.
El escrito, que fue registrado el pasado 26 de marzo, propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula, la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.
Daño «manifiesto»
El PP consideró en su denuncia ante el Consejo de Gobierno que se habría violado el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración, pero un informe de la Inspección General de Servicios no apreció indicios de infracción. Los populares denunciaban que la falta de inhibición de Chaves en la subvención a Matsa podría constituir una infracción «muy grave» al haber producido un daño «manifiesto» a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación.
En su demanda, el PP rechazó los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque «la administración no podía ni debía conocer» la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que, a juicio de los populares, «incumbía» al propio ex presidente de la Junta. La demanda del PP recordaba también que no se trata de averiguar desde cuándo tiene conocimiento la administración de la relación entre Matsa y Paula Chaves «sino desde cuándo tiene conocimiento de ello» Manuel Chaves y si «pese a conocer tal extremo no se abstuvo de forma voluntaria de intervenir» del acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 que ratificó la ayuda.
