Hecha la ley, siguen las deudas. El pasado 7 de julio entró en vigor la nueva ley de morosidad que obliga a reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días en el caso de las administraciones públicas a partir de 2013. El texto incluía un calendario que exigía una bajada de los plazos de pago a 85 y 55 días, respectivamente, durante este año. Nada más lejos de la realidad.
Según un estudio presentado ayer por la asociación de autónomos ATA, el plazo medio que tardan en pagar las administraciones de nuestro país asciende a 158 días, casi el triple de tiempo que la media de la UE (67 días), lo que supone que un 90% de los organismos públicos españoles incumplen la ley.
La situación es un poco mejor en el caso de las empresas, pero no mucho: tardan 101 días en hacer frente a sus deudas, por los 57 de media en Europa. Esta elevada morosidad ha afectado ya a dos de cada tres autónomos de nuestro país. De hecho, un 20% tarda en cobrar más de un año desde el momento que acabó su trabajo.
Podrían desaparecer miles de negocios
La morosidad ha provocado el cierre de más de 200.000 autónomos desde el inicio de la crisis, según los datos de ATA, que advierte de que si no se pone remedio a este problema podrían verse abocados al mismo fin otros 100.000 empleados autónomos.
¿Cuánto deben las administraciones?
La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas ascendía a 598.764 millones de euros en junio, lo que supone un 3,79% más que tres meses antes y el equivalente al 56,7% del PIB, según los datos del Banco de España.
* El gobierno central adeuda 3 de cada 4 euros. La deuda del Gobierno central ascendió al cierre de los seis primeros meses del año a 458.268 millones de euros, un 18% más que un año antes.
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Las CCAA tienen un agujero de 104.000 millones. Supone un 26,5% más que la registrada por las autonomías a finales de junio de 2009. Si se relaciona con el PIB, la peor parada es la Comunidad Valenciana, cuya deuda asciende al 16% de éste.
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Madrid, a la cabeza de los ayuntamientos. La deuda de los ayuntamientos llegó a 36.413 millones en el primer semestre del año. La de Madrid asciende a 7.145 millones. Le sigue Valencia, con 862 millones.
Baja el número de ciudadanos insolventes, pero suben las empresas
El número de empresas y personas que se declararon en concurso de acreedores alcanzó la cifra de 1.127 entre julio y septiembre, un 0,9% más que en el mismo periodo de 2009, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Mientras que la cifra de ciudadanos insolventes disminuyó un 17,7%, las empresas y autónomos en concurso de acreedores aumentaron un 4,9% en tasa interanual. Los datos mejoran si se comparan con el trimestre anterior, ya que las empresas en quiebra bajaron un 22,4% y los particulares en esta situación se redujeron el 39,2%.
La construcción sigue liderando el problema
Del total de las empresas concursadas, el 31,8% (307) tuvo como principal actividad la construcción y promoción inmobiliaria, mientras que el 20% (193) la industria y la energía, y el 18,3% (176) el comercio. Por regiones, Cataluña encabezó la lista del número de insolvencias, seguida de la Comunidad Valenciana y Madrid.
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