uan Pérez, Fernando Alpresa y María Dolores Díaz declararon ayer por el caso Somixur en el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras. Dieron su versión de unas ventas de bienes que se produjeron mientras funcionaba la sociedad mixta, en la que el Ayuntamiento tenía una participación del 51% y el resto estaba en manos de Aldía. Negaron las acusaciones y defendieron su gestión.
Fueron los primeros de los siete imputados en declarar en este proceso. Estuvieron respondiendo buena parte de la mañana a las preguntas de los abogados y de la fiscalía. Salieron satisfechos de cómo había ido el interrogatorio, aunque declinaron hacer declaraciones y las pospusieron para el final del proceso.
Ayer fueron citados Fernando Alpresa, dueño de Aldía; el exgerente Juan Pérez y María Dolores Díaz. Hoy será el turno José Carlos Díaz y Yolanda Sato y mañana están previstas las comparecencias del hijo de Fernando Alpresa, del mismo nombre, y el exalcalde de Algeciras Patricio González. Estas intervenciones fueron aplazadas en julio de 2008 por la falta de algunos informes.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción denuncia los hechos al poder derivarse delitos societarios, de apropiación indebida y malversación de caudales públicos por las operaciones de la prolongación de la avenida Blas Infante, el convenio para el desarrollo del complejo deportivo El Mirador-La Menacha y el plan especial de reforma interior de Los Cuarteles. Están llamados a responder a unas diligencias previas incoadas tras una denuncia del Ayuntamiento.
El caso Somixur tiene su origen en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que se afirmaba que el Consistorio había sido objeto de un perjuicio económico de 13,8 millones de euros en las diferentes operaciones urbanísticas desarrolladas por Somixur entre 1996 y 2004. El equipo de gobierno entiende que Aldía, el socio privado, se benefició en las actuaciones.
La Cámara de Cuentas refleja en su informe que en la actuación de El Mirador-La Menacha el Consistorio recibió ingresos por 7,2 millones de euros y entregó bienes municipales valorados, de forma provisional, por 5,2 millones. No obstante, según la Cámara, "solamente una parte de los terrenos municipales, una vez recogido el aprovechamiento urbanístico otorgado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se han tasado por una empresa externa e independiente en 12,5 millones de euros". Una diferencia que dejó de percibir el Ayuntamiento en su calidad de socio mayoritario.
Fue en enero de 2007 cuando el Ayuntamiento entregó a la Fiscalía Provincial de Cádiz la documentación que recabó. El departamento de Planificación Económica municipal señaló que la sociedad mixta sufrió un perjuicio económico en la venta de las promociones Plaza Mayor I y II. El desfase se había producido por una supuesta irregularidad de Aldía, que al parecer había vendido bienes de estas promociones a sociedades afines y familiares por un precio inferior al del mercado.
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