Lo primero que harán si llegan a la alcaldía será derogar las ordenanzas ya aprobadas para legalizar sus casas. Chiclana (Cádiz, 78.591 habitantes) ha contabilizado más de 15.000 viviendas ilegales en su término municipal. Un problema que ha derivado en un curioso conflicto social. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, les ha ofrecido a esos propietarios regularizar sus residencias pero muchos vecinos se oponen porque el proceso les parece demasiado caro. Este rechazo provocó dos multitudinarias protestas convocadas por una plataforma que se ha transformado en un partido político, el Partido Vecinal Regionalista, que aspira a obtener representación municipal el 22 de mayo.
"Desde dentro, podemos morder", dice Marisol Ayala, candidata del PVRE
La creación de un nuevo partido siempre genera cierto ruido en las ciudades. El Partido Vecinal Regionalista es conocido popularmente en Chiclana como "puré" porque es la más fácil lectura de las siglas escogidas: PVRE. Detrás de esta nueva formación están los que alentaron las movilizaciones de vecinos afectados por la regularización de casas en Chiclana, uno de los retos pendientes de esta ciudad, y cuya solución está costando más de lo deseado.
El equipo de gobierno del PSOE, tras permitir durante años las construcciones ilegales, decidió poner coto a estas viviendas con un proceso por el que los vecinos podían costear con ciertas facilidades la urbanización de sus calles, la llegada de servicios básicos como el agua o la luz y la licencia de la que muchos carecen.
El principal escollo ha sido establecer un precio que convenciese a todos. Las ordenanzas ya aprobadas han situado el coste entre los 30.000 euros y los 140.000 euros, dependiendo del tamaño de las casas y las parcelas donde su ubican. "El problema de esas ordenanzas es que no tienen validez. Se basan en un plan general recurrido ante la justicia, en un Impuesto de Bienes Inmuebles que no cuenta con una revisión catastral. Ignoran que lo que valía hace seis años, no vale ahora lo mismo. El pueblo no tiene ese dinero. Y es que lo que piden, ya no lo vale. No se puede empobrecer a un pueblo para enriquecer a un Ayuntamiento", argumenta la candidata del PVRE, Marisol Ayala.
Ayala lleva viviendo en Chiclana desde hace ocho años. Nació en el pequeño pueblo de Villambistia, en Burgos, en pleno camino de Santiago. Según relata, vino con su marido y su hijo a buscar tranquilidad, aunque las movilizaciones vecinales y ahora su inquietud política le han alejado de ese propósito inicial. "Una plataforma vecinal puede patalear. Nosotros hicimos manifestaciones muy grandes (llegaron a reunir a más de 2.000 personas) pero no nos hicieron caso. Desde dentro, podemos morder", argumenta para explicar la formación de su partido político. Ayala insiste en que su partido no representa solo los intereses de los dueños de viviendas ilegales, sino de todos los vecinos de Chiclana, aunque, en seguida, adelanta que la primera medida que tomará si llega al gobierno será derogar las ordenanzas urbanísticas aprobadas por los socialistas.
Curiosamente, será la misma acción que tome si obtiene la alcaldía el candidato del PP, Ernesto Marín, quien, un poco más cauto, se ha alineado también en contra de esa normativa. El PSOE le reprocha que en los dos años que Marín gobernó gracias un pacto cuatripartito, antes de una moción de censura que le apartó de la alcaldía, elaboró unas ordenanzas mucho más duras y costosas que las finalmente aprobadas por los socialistas.
El panorama político será especialmente complejo en Chiclana con una amplia variedad de propuestas que dividirán el voto y harán difícil que alguna formación obtenga mayoría absoluta. A los partidos habituales, se le une el PVRE y Unidos por Chiclana, una formación salida de la elección de José Pedro Butrón como candidato de IU, quien terminó pactando con el PP y siendo expulsado de la formación de izquierdas. Butrón se presenta con un nuevo partido independiente y, como número dos, ha elegido al que fue candidato andalucista, Manuel Guerrero, un político de innegable tirón popular en esta localidad.
El nacimiento del PVRE da una vuelta de tuerca a una amenaza advertida desde hace años por la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha alertado del creciente fenómeno de plataformas vecinales en torno al urbanismo descontrolado que presionan a los políticos para favorecer sus intereses. Ahora esos vecinos han dado un paso más al convertirse en políticos. Como la candidata admite, si llegan al Ayuntamiento podrán "morder".
