La sombra de los resultados del 22-M alcanzó ayer al grupo de trabajo sobre transparencia y calidad democrática constituido en el Parlamento. PSOE e Izquierda Unida han querido contrarrestar el poder obtenido por el PP en los municipios y las diputaciones con un acuerdo que impedirá que un alcalde o el presidente de una Corporación provincial ocupe un escaño en la Cámara autonómica. El PP es el gran perjudicado por este acuerdo sobre incompatibilidades, toda vez que una docena de sus 47 diputados ocupan alcaldías.
En las filas socialistas no hay ningún primer edil. IU se tendrá que replantear el caso de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. Esta medida del grupo sobre transparencia y calidad democrática es, sin duda, la más llamativa y de mayor calado de las suscritas en la sesión de ayer y que serán sometidas a su aprobación el próximo martes en comisión parlamentaria. Son un total de 28. Los populares presentaron 55 propuestas que, a excepción de dos, fueron a la papelera. El enfado de los populares por este acuerdo entre PSOE e IU fue notorio. No lo ocultó, desde luego, su presidente, Javier Arenas, para quien el acuerdo constituye todo un "golpe de Estado al municipalismo" ejecutado desde el "autoritarismo" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Los alcaldes son "la voz más cerca na a los ciudadanos", destacó Arenas, por lo que cambiar a pocos meses de las elecciones las leyes electorales es, a su juicio, un "golpe de Estado" contra los municipios. La réplica de Griñán no se hizo esperar. Para el jefe del Ejecutivo autonómico, lo ocurrido no es más que el "funcionamiento de la democracia". A su juicio, "lo único que hemos propuesto es esa posibilidad, de la misma manera que se han propuesto otras cosas, con las que [Arenas] pueda estar más o menos de acuerdo". En la defensa de su propuesta, socialistas e IU argumentan que "un alcalde no puede dedicar tiempo a un cargo que no sea el de regidor municipal". El PSOE propone además que la Cámara sancione a los diputados que no cumplan con sus obligaciones para, de esta forma, exigir "más responsabilidad y dedicación". En el PP ven un pacto socialista-comunista para "intentar cambiar las reglas del juego cuando pierden y apagar la voz de los municipios en el Parlamento". La portavoz popular, Rosario Soto, denunció que con esta medida Griñán "pretende expulsar del Parlamento a los ganadores del 22 de mayo" mientras que el líder de IU-A, Diego Valderas, "aprovecha para entregar la cabeza de Juan Manuel Sánchez Gordillo". El parlamentario socialista Miguel Ángel Vázquez ironizó con la queja de los populares: "Quien mucho abarca poco aprieta", dijo, en clara alusión al número de cargos que ostentan algunos dirigentes populares. Aunque esta fue sin duda una de las propuestas más discutidas, en la reunión de ayer se trataron otras, como las que hacen mención a la supresión de las asignaciones económicas a los ex presidentes y la de un único sueldo para los diputados. Además, todos volvieron a acordar por unanimidad que tanto los diputados autonómicos como los altos cargos de la Junta publiquen sus declaraciones de la renta desde el inicio de la presenta legislatura. Después de un comienzo de reunión más propio de un mitin político por parte de las tres fuerzas políticas, los representantes de los grupos parlamentarios debatieron todas y cada una de las iniciativas. El diputado del PP-A, Jorge Ramos Aznar, criticó que las propuestas "raquíticas" del PSOE son el reflejo de un gobierno "gastado y sin proyectos que no responde a las exigencias de los ciudadanos". Aún así, los populares votaron a favor de la mayoría de medidas socialistas. Vázquez insistió en la necesidad de responder al "clamor popular expresado en las calles, plazas y votos". Por su parte, Valderas consideró "insuficientes y mejorables" las enmiendas del PSOE. Entre las propuestas socialistas aprobadas se encuentran las de suprimir la asignación prevista para los ex presidentes de la Junta, limitar a un solo sueldo público o privado las retribuciones de los parlamentarios, habilitar el escaño denominado 110 y rebajar a 40.000 las firmas necesarias para la presentación en la Cámara de una iniciativa legislativa popular y optimizar el uso de vehículos oficiales. Vázquez concluyó pidiendo una modificación de la Ley Electoral de cara a la próxima legislatura "sea cual sea el resultado". Las únicas dos propuestas del PP que salieron adelante fueron las de habilitar el mes de julio como periodo de reuniones y además, retransmitir las sesiones de control de los Plenos del Parlamento a través de los medios públicos. En cuanto a las iniciativas de IU aprobadas se incluyen la de reducir los costes de los medios materiales y personales en procesos electorales o impedir y penalizar el transfuguismo.
