La sentencia, firmada el pasado 11 de octubre, es un paso más en el proceso judicial en el que se encuentra inmersa la Zona Franca de Cádiz desde hace una década, cuando se interpusieron las primeras denuncias contra los dos delegados nombrados durante los gobiernos del PP. Hace ahora un año el juzgado de instrucción que lleva el caso penal imputó a los dos directivos por diversos delitos. Este proceso aún sigue abierto, estando pendiente de que la Fiscalía presente su correspondiente informe.
La sentencia destaca la rotundidad con la que valora la gestión de los dos ex delegados, y hace especial hincapié en la etapa dirigida por Rodríguez de Castro. Se concentra la sentencia en el análisis de la existencia o no de negligencia a la hora de cumplir con las funciones administrativas de los dos delegados. Y en base a este análisis, Rodríguez de Castro sale muy mal parado.
En lo que se refiere al pago de tarjetas sin justificar y al pago de sobreprecio injustificado a la empresa Dos Folios y Medio, afirma el texto judicial: "Se aprecia un caso de grave negligencia, requisito bastante para declararle responsable contable del alcance producido, teniendo en cuenta que la diligencia exigible al gestor de fondos públicos es, al menos, la que correspondería a un buen padre de familia, si bien debe tenerse en consideración que la obligación de rendir cuentas que incumbe a los gestores de fondos públicos deriva de una relación jurídica de gestión de fondos que exige una especial diligencia". Rodríguez de Castro "manifiestamente incumplió (…) sin preocuparse en absoluto de acreditar y justificar adecuadamente los desembolsos producidos", señala la sentencia.
Pero aún más duro es el Tribunal de Cuentas en cuanto a la actuación del ex delegado en lo referido al proyecto tecnológico Rilco. Tras incidir en la obligación de ser diligente con la gestión de los fondos públicos, se afirma que el demandado "ha gestionado el patrimonio de una empresa pública [la Zona Franca] a través de una actividad contractual contraria a Derecho y omitiendo sus deberes de información al consejo de administración y comité ejecutivo, al menos en sus aspectos más esenciales, excediéndose abiertamente de las facultades legalmente a él atribuidas, lo que constituye una forma de administrar fondos públicos ajena a los valores jurídicos y socialmente lesiva".
Para el Tribunal de Cuentas, la actividad de Rodríguez de Castro, más allá de considerarse una grave negligencia, debe ser considerada como una "responsabilidad contable a título de dolo". Es decir, que hubo por parte del ex delegado una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.
Respecto a Osuna, su conducta fue de "grave negligencia, dada la extrema importancia de las acciones y omisiones que desarrolló como delegado del Estado y presidente de Rilco, en su desembolso indebido a la empresa MFZ". En el caso de este ex delegado, donde la sentencia se muestra más contundente contra la excusa utilizada por Osuna de que no fue bien asesorado por los propios abogados del Estado representados en el Consorcio y que por ello ordenó una serie de pagos sin conocer en profundidad la naturaleza de los mismos.
Leído en Europa Sur.
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