Moción del PA al pleno de mañana jueves


El PA solicita al Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera que declare, de manera expresa, su defensa del municipalismo como necesidad territorial de vertebración de la sociedad andaluza y del mundo rural, que no debe limitarse de forma genérica ni por población ni por territorio.
Al Pleno del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA:


D. JOSE ANTONIO CASTILLA NAVARRO, Portavoz del Grupo Andalucista, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la siguiente moción:


Exposición de motivos

El Andalucismo considera el mundo rural como uno de los valores que conforman nuestro territorio y nuestra identidad como pueblo.

Asimismo, consideramos el municipalismo como uno de los valores del sistema democrático y participativo, defendemos el papel de los ayuntamientos como instituciones democráticas y representativas al servicio de las necesidades de las poblaciones donde radican.

La crisis económica en que nos hayamos inmersos ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, la existencia de un excesivo aparato público. Se ha abierto también un debate sobre la posible obsolescencia de determinadas estructuras del Estado español y la consideración de su carácter superficial y no necesario para atender las necesidades de la sociedad actual con las condiciones de eficacia y eficiencia que serían deseables.

El Partido Andalucista considera que los municipios y los ayuntamientos que los representan y gestionan, deben quedar al margen de ese debate revisionista. Creemos por el contrario que las entidades locales tienen hoy más sentido que nunca por su proximidad al ciudadano, a sus necesidades y problemas y que, por tanto deben seguir desempeñando el papel que les corresponde.

Recientemente, representantes de distintas fuerzas políticas vienen coincidiendo en la conveniencia de eliminar los ayuntamientos de municipios con una población inferior a 1.000 habitantes, e incluso la posibilidad de ampliar esa hipotética medida hasta los municipios de menos de 2.000 habitantes.

Consideramos que cualquier iniciativa en ese sentido supone, en primer lugar, una agresión directa al mundo rural en el que se integran la mayor parte de esos municipios pequeños tanto en el territorio de Cádiz, como en Andalucía. Asimismo, es un ataque a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía de estas localidades. En tercer lugar, pensamos que es una forma de limitar la democracia sustrayendo a esos ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de ejercitar su derecho a elegir las corporaciones que se han conformado a lo largo de su historia y devenir como pueblos, pueblos que, independientemente de su superficie o del número de habitantes, tienen los mismos derechos que otros municipios.

Pensamos además que esa medida de eliminación de ayuntamientos no soluciona de ninguna manera los problemas del gasto público al que se supone que quiere hacer frente. El problema del gasto público radica en el despilfarro, en la mala gestión y en determinadas actuaciones de empresas públicas, en no saber priorizar los gastos y aplicar los principios de austeridad que deberían regir todas las actuaciones y políticas públicas, en el derroche y en otras prácticas en administraciones de otro rango que, desde luego, no van a desaparecer eliminando municipios sino adoptando todas las medidas legales y jurídicas que correspondan.

Además, cualquier medida encaminada a reducir el papel y los recursos de esos municipios, no hará sino agravar los problemas de despoblamiento que pueden tener muchos de ellos, desarraigando a los ciudadanos de su territorio y negando cualquier posibilidad de supervivencia del mundo rural.

Según el padrón municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística en enero de 2010, en España existen 4.861 municipios con menos de 1.000 habitantes. En el territorio de Cádiz, tres municipios - Benaocaz, Villaluenga y Torre Alháquime – no superan esa población. Además, existe otro grupo de municipios que no superan los 2.000 habitantes, como son, por ejemplo, Zahara de La Sierra, Algar o El Gastor .

¿Se puede pensar que el paso siguiente es fusionar los Municipios de 10.000 habitantes si la economía y el derroche de muchos obliga a ello?.

¿Se puede pensar que fusionando cada uno de ellos con otros municipios de mayor tamaño se van a solventar los problemas de gasto público a los que se supone que hay que hacer frente?

Creemos sinceramente que no. Como en todas las administraciones y organismos públicos, si se pueden adoptar medidas encaminadas a reducir el gasto público no necesario, que se adopten; si se pueden aplicar sistemas para mejorar e incrementar la eficacia y la eficiencia, que se apliquen. Pero no consideramos serio que nadie pretenda aparentar que ha solucionado un problema grave como puede ser la forma en que se administran los recursos públicos vendiendo como logro que ha conseguido “fusionar” Benaocaz, o Villaluenga del Rosario o Torre Alháquime

En ese contexto, pensamos que se hace necesario manifestar el apoyo al municipalismo, a las entidades locales y las instituciones municipales que las representan, consagradas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía independientemente del número de habitantes, como entidades en igualdad de derechos democráticos que otros municipios con mayor población.

Por lo expuesto anteriormente, el Grupo Andalucista presenta al Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, para su consideración, la siguiente


Moción

El Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera declara de manera expresa su defensa del municipalismo como necesidad territorial de vertebración de la sociedad andaluza y del mundo rural, que no debe limitarse de forma genérica ni por población ni por territorio.




Jimena de la Frontera, 13 de noviembre de 2011

16 de noviembre de 2011
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