La oposición municipal de Tarifa considera un escándalo la concesión al Banco Santander del crédito ICO para el pago a proveedores mediante un decreto del alcalde, Juan Andrés Gil (PP), quien a su vez es dueño de una empresa que actúa como agente de la citada entidad bancaria. Los grupos políticos consideran que Gil pudo incurrir en delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso incompatibilidad que merecen ser investigados.
El presidente de Unidad Liberal por Tarifa (ULT), Carlos Núñez, pedirá la actuación de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que el alcalde pudo incurrir en un supuesto delito de tráfico de influencias y prevaricación al optar por el Santander de forma unilateral y mantener relaciones de índole profesional con esta entidad.
Desde el PSOE tampoco descartan denunciar al considerar que el alcalde les mintió al darles explicaciones sobre el asunto hace un mes y negar tener relación con el banco, por lo que los socialistas entienden que Gil incurrió además en una incompatibilidad.
El alcalde insistió a través de un comunicado en defender la honestidad de su gestión y acusó a ULT de fomentar una campaña de desprestigio contra su persona. Además, Gil se excusó y sostuvo no haber ganado dinero con la operación que se realizó -dijo- desde la oficina de Tarifa y no en Facinas, de donde es agente su empresa.
Tal y como publicó Europa Sur en su edición de ayer, el decreto para concertar el crédito ICO para proveedores entre el Banco Santander y el Ayuntamiento tarifeño fue firmado 6 de octubre, dos días después de que Gil cesara como administrador único de Somervista -empresa 100% de su propiedad- y designara a su mujer para el cargo. Somervista es agente oficial para el Banco Santander, según el Registro de Agentes Declarados por la citada entidad financiera ante el Banco de España.
Una situación que, según el presidente de ULT, pone a Gil bajo sospecha. "Es un escándalo en toda regla. Pedimos al Banco Santander que aclare si Juan Andrés Gil les dijo la verdad y si les mostró algún informe jurídico de esa operación", señaló. Además, Núñez considera que la palabra de Gil está en entredicho. "Yo le pregunté en la junta de portavoces si mantenía vinculación con el Banco Santander. Dijo que no ante los portavoces, su propio grupo y el Interventor. La única forma de que sea veraz será que le pregunte un juez. Su palabra no vale nada. También nos dijo a los portavoces que la operación se hacía entre el ICO en Madrid y el Ayuntamiento, sin el banco. Sospecho que Gil quiso hacer la operación a través de una oficina de Sevilla donde está centralizada la red de agentes de Andalucía", incidió Núñez.
ULT también solicitará que se convoque una sesión de Pleno extraordinaria para estudiar el asunto y se defendió de la acusación de fomento de una campaña contra el alcalde alegando que su labor como oposición es fiscalizar la acción del Gobierno local.
Desde el Partido Socialista, Sebastián Galindo, portavoz del grupo, coincidió con ULT al calificar los hechos como un escándalo. "El alcalde nos mintió al decir que no tenía relación con el Banco Santander. Es el propietario de una empresa que es agente del banco. Como mínimo puede existir tráfico de influencias y una incompatibilidad y realiza cambios en su empresa dos días antes de firmar el decreto", dijo el portavoz socialista. El PSOE sostuvo que ha pedido al alcalde, sin éxito, un certificado de la ausencia de comisiones en torno al crédito. "Se lo pido ahora al Banco Santander. Que certifique que no hubo comisiones ni entidad colaboradora de por medio y que también se pronuncie el PP provincial. Todo ello sin desviarnos del hecho de que dar el crédito al Santander ya supone un beneficio en sí mismo para la entidad en detrimento de otras. Por eso entendemos que pudo haber tráfico de influencias", concluyó Galindo.
No fue posible contar con una valoración por parte de Izquierda Unida. Este diario también contactó con el Banco Santander para que se aportasen detalles sobre la gestión del crédito, sin obtener aún una respuesta.
Por su parte, el alcalde insistió en que la operación cuenta con todas las garantías legales y reúne todos los informes favorables. Gil señaló que sólo dos entidades financieras de Tarifa pueden ser mediadoras de un crédito ICO, el Santander y el BBVA, y alegó que es difícil que una entidad esté dispuesta a la operación por no ser un producto atractivo.
El alcalde rechazó en la nota que exista incompatibilidad entre "su pasado" y su responsabilidad municipal. "En ningún momento ni yo, ni ninguna de mis empresas ha pertenecido al Banco de Santander. Sólo he mantenido una relación mercantil, de colaboración a través de una oficina de atención al público abierta en Facinas. Este crédito no se ha suscrito con la oficina de Facinas. Se ha firmado con la oficina principal de la entidad bancaria de Tarifa con la que ni yo ni ninguna de mis empresas tenemos relación ni mercantil ni económica", alegó.
Gil incidió en la ausencia de beneficios para su persona con la operación. "Soy incapaz de intentar sacar beneficio personal alguno con las gestiones que se realizan desde el Ayuntamiento. Hay un intento claro de denostar mi imagen política motivado entre otras cosas por el buen momento que vive el Partido Popular en Tarifa, y la buena trayectoria de este gobierno del Partido Popular en Tarifa", aseveró.
