La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar no tardó más de 24 horas en contestar al anuncio del grupo político Izquierda Unida que pedía que se realizase una auditoría en la empresa pública Arcgisa, encargada de la recogida de residuos, para esclarecer las cuentas de sus ejercicios. La entidad comarcal quiso dejar constancia de que dicha auditoría se viene celebrando cada año desde que se creó la empresa -en el año 2007- según exige la Ley de Sociedades Anónimas.
Mancomunidad quiso despejar cualquier duda en la actividad de Arcgisa, alegando que las cuentas de cada ejercicio se pueden incluso consultar por los ciudadanos porque son de carácter público por lo que no procedía reclamar tal tipo de estudio sobre la sociedad. "El resultado de dichas Auditorias, junto con la Memoria Anual de Gestión, han sido en tiempo y forma presentadas cada año en el Registro Mercantil, y por tanto son de acceso público", aseguró.
Por otro lado, confesó que la petición de dichas obligaciones o requerimientos no es otra cosa que un desconocimiento del ámbito legal en el que se mueve Arcgisa y en su interpretación de los hechos.
"Las personas que han efectuado estas manifestaciones, por tanto, demuestran un profundo desconocimiento de la legalidad y sólo pueden estar movidas por usos y costumbres que desde luego son ajenos a esta empresa o por un interés manifiesto en desacreditar a la misma con fines que sólo ellos conocen", afirmó la entidad comarcal.
Por último, si no fuese suficiente con la aportación de estos datos para esclarecer la puntualidad de la exigencia de una auditoría en Arcgisa y las acusaciones del grupo político, Macomunidad declaró que su vicepresidente del área de Servicios, José Carlos Lara, no tendría problemas en responder cualquier cuestión. Lara estaría "a disposición de la ciudadanía para aclarar estos asuntos o cualesquiera que pudieran ser de interés, en un claro compromiso por la transparencia y el servicio directo al ciudadano", afirmó.
Rotunda y contundente es la respuesta de la entidad para frenar la iniciativa de recogida de firmas en contra de la subida de las tasas en San Roque, Jimena y Castellar, para evitar la subida del IPC en los recibos del agua y tratamiento de residuos. Otra de las propuestas, pasa por convertir los recibos, hasta ahora en trimestrales, en pagos mensuales.
