La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar lleva desde el año 2010 sin pagar sus cuotas a la Seguridad Social. El presidente de la entidad supramunicipal, Diego González de la Torre (PP), reconoció la existencia de estos impagos a Europa Sur y los achacó a una decisión del anterior gobierno que encabezaba la socialista Isabel Beneroso.
No hay datos exactos de cuánto se debe a la Tesorería General, si bien el presidente comarcal sostuvo que la situación sólo afecta a la cuota patronal correspondiente a los trabajadores de la propia institución, en torno al medio centenar, mientras que la empresa pública comarcal Arcgisa (la que concentra el mayor volumen de masa laboral adscrita a la entidad) se encuentra al día en sus pagos a este organismo y también ante Hacienda.
De la Torre no pudo precisar cuánto se debe a la Seguridad Social desde dicho año e insistió en calificar el problema como una "herencia" de los anteriores gestores. En todo caso, sí sostuvo que las retenciones a los trabajadores aplicadas en las nóminas mes a mes han ido destinadas a la contribución pública. "Somos conscientes del problema heredado que queremos resolver con esfuerzo y gestiones que se han emprendido desde nuestro acceso al gobierno comarcal", expuso.
De la Torre reconoció que la ronda de contactos mantenida con los alcaldes recientemente buscó, precisamente, que los ayuntamientos vuelvan a abonar sus cuotas estatutarias -impagadas desde hace años- con el fin de destinar esos fondos a saldar la deuda. "Queremos llegar a un plan de pago aplazado con la Seguridad Social y ponernos al día, pero necesitamos que los ayuntamientos comiencen a abonar unas cuotas que dejaron de pagar hace tiempo y que lastran nuestras posibilidades", valoró. "Somos conscientes de que tenemos que contribuir al mantenimiento del sistema. Por eso estamos actuando", concluyó.
El régimen general de la Seguridad Social establece que los empresarios y trabajadores deben abonar diversos porcentajes calculados sobre el sueldo bruto con el fin de contribuir al sustento del sistema de protección social. Así, las empresas deben pagar un 23,60% del salario bruto en concepto de contingencias comunes (a los trabajadores se les deduce un 4,70%); un 5,50% para cubrir el desempleo (y otro 1,55% el empleado) en el caso de contratos indefinidos; un 0,20% al Fondo de Garantía Salarial (el trabajador está exento) y un 0,60% de formación profesional (un 0,10% en el caso del trabajador).
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