La ley de transparencia incluirá el derecho a esa información, como en EE UU.
Inhabilitación de 10 años para los cargos que falseen y oculten datos
La Administración española es una de las más opacas de los países avanzados. Una opacidad que permite escándalos como el del caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y en Madrid o los ERE en Andalucía. El Gobierno ha decidido promover una ley para intentar acabar con esa larga tradición de secretismo sobre cómo se gasta el dinero público. Una norma, la ley de transparencia, que ya tienen casi todos los países de nuestro entorno, y que el anterior Gobierno tenía ultimada pero nunca se animó a aprobar.
El PP la sacará adelante y, según fuentes gubernamentales que la ultiman en estas horas, contendrá novedades muy relevantes. El Gobierno, por ejemplo, pondrá a disposición de los ciudadanos todos los contratos de la Administración General del Estado, hasta el más pequeño. Se publicará cuál fue el procedimiento, el importe y el adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe.
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