El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras ha dictado sentencia por la que considera la resolución del pleno aprobando los presupuestos generales 2.008 en Jimena no conforme a derecho, debiendo ser anulada y dar trámite a las alegaciones presentadas por el entonces portavoz del Partido Andalucista, Juan Antonio Vázquez.
El
gobierno municipal alegó en su momento que el citado concejal no reunía
la condición de vecino. No obstante, el PA consideró que esta actitud
xenófoba no era ajustada a derecho, de modo que cualquier representante
electo tenía derecho a presentar alegaciones. De este modo manifestaban
su disconformidad con el informe conjunto de Secretaría e Intervención,
así como contra la actitud del Grupo Socialista de excluir las
alegaciones de un Concejal continuando con su estrategia de exclusión de
quienes más participaran, evidentemente por lo molestos que le
resultaban.
La magistrada en su sentencia tumba los informes jurídicos presentados por el Ayuntamiento manifestando que “la condición de Concejal y Portavoz de un Grupo Político de la Corporación Local demandada que ostenta el Sr. Vázquez Jiménez le autoriza y hasta le obliga a recabar cuantos antecedentes, datos o informaciones resulten precisos para el desarrollo de su función y a presentar cuantas alegaciones y reclamaciones crea oportunas, dentro del ámbito municipal al que pertenezca”
En base a ello, la justicia entiende que “debe
otorgarse Legitimación al recurrente para la presentación de
reclamaciones contra un Presupuesto Municipal, más si tenemos en cuenta
que no se presentó ninguna más y como consecuencia de ello se dio la
Aprobación Definitiva del mismo, sin haber al menos otorgado una
respuesta a las alegaciones formuladas.”
De este modo se constata la situación de abuso que se ha tenido por parte del gobierno municipal socialista en
lo relativo al trato a los Grupos Políticos de la oposición,
despreciándolos y actuando reiteradamente de manera indecente y
antidemocrática. El PSOE que trasladó el debate político al territorio del odio personal sesgó los derechos de los concejales ajenos a su grupo, aunque fueran tan básicos como el de presentar alegaciones a los acuerdos municipales en representación del pueblo que los había votado en pleno derecho y legitimidad.
El
Partido Andalucista presentará en el Ayuntamiento el informe y
sentencia para que la Secretaría y la Intervención del mismo tomen las
decisiones que deriven de tal acto jurídico. Tal decisión podría estar
vinculada a la anulación de los puntos aprobados en ese Pleno. Si la
probación de los citados puntos estuviesen relacionados con el establecimiento y revisión de tasas y precios públicos o a cualquier materia de carácter impositivo sería nulas tales subidas de pleno derecho.
El Grupo Andalucista, según su Portavoz José Antonio Castilla, exigirá la rectificación de todas las subidas que hubiesen tenido lugar como consecuencia del acto ilegal propiciado por el anterior equipo de Gobierno del PSOE.
