Chamizo lleva a la Fiscalía el "engaño" de las preferentes con 300 denuncias

El Defensor del Pueblo pide que se depuren responsabilidades por fraudes y engaños que en muchos casos podrían ser "delitos". Afectaría a 70.000 andaluces, entre ellos menores, mayores y discapacitados
 El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, registró ayer en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las llamadas participaciones preferentes y confió en que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades porque en muchos de estos casos se sospecha que hay un "delito".


En Andalucía se calcula que son casi 70.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según señaló Chamizo, quien precisó que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros por persona.

El Defensor del Pueblo Andaluz explicó que existen tres grandes bloques de reclamaciones. Por un lado las que corresponden a aquellas personas habituadas a hacer inversiones y que no se prevé que prospere. En segundo lugar las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran. Por último, un tercer grupo de reclamaciones donde previsiblemente sí ha existido delito.

Chamizo reconoció que "el elemento humano es muy doloroso" ya que los pequeños ahorradores derivados de esta situación carecen de "un dinero que guardaban para tener una seguridad para cuando lleguen a mayores y ahora se encuentran con que no tienen nada", lamentó.

El Defensor del Pueblo habló de cientos de millones de euros perdidos por los inversores en toda la comunidad andaluza y señaló a diversas entidades implicadas como Cajasol, La Caixa y el BBVA entre los distintos organismos bancarios.

Según precisó Chamizo, "se trata de discapacitados, menores, personas mayores que firmaron con el dedo o que se fiaron de la persona que siempre les atendía en el banco e incumpliendo el protocolo a seguir".

El Defensor del Pueblo aseguró que los bancos sí "se están dando prisa" para resolver estos casos mediante acuerdos por los que los afectados se comprometen a depositar el dinero a plazo fijo o en los que se les ofrece que se conviertan "en una especie de accionista del banco".

Chamizo auguró, además, que en la actualidad existe un colectivo numeroso de personas que "no sabe que esto les afecta" y siguen pensando que tienen su dinero a plazo fijo, siendo complejo dar con ellos.

Hasta la fecha, Chamizo se ha puesto en contacto con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que intervenga ante la Comisión de Valores, que "es quien debe hacer seguimiento de esto" y remitió un escrito con recomendaciones a la Junta de Andalucía, a lo que se sumó la entrega en la mañana de ayer de los citados 300 expedientes personificándose en la Fiscalía Superior. "Seguimos recibiendo quejas e insistimos en que se han vulnerado los derechos de los consumidores y a muchas personas mayores se les va a dejar en la ruina", lamentó el Defensor del Pueblo Andaluz, quien pidió al fiscal que continúe con la labor que está haciendo: "investigación y búsqueda de responsabilidades".

Fue el pasado 26 de julio cuando la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, emitió un decreto en el que consideraba que pueden apreciarse indicios de delito de estafa en las denominadas participaciones preferentes, y atribuía a las entidades de crédito en ese sentido "una práctica totalmente abusiva, expresamente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico", en tanto que se trata de una actividad comercial "dirigida a personas con un perfil inversor de poco riesgo y de escasos o nulos conocimientos financieros".
Diario de Sevilla