La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el alcalde de San José del Valle , Antonio García Ortega (PP), al apreciar indicios de un posible delito continuado de prevaricación por la presunta concesión de licencias de obras en viviendas ilegales entre los años 2008 y 2010.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Cádiz, a la que ha tenido acceso Europa Press. Según la misma, la Junta de Gobierno Local habría concedido entre octubre de 2008 y junio de 2010, en el segundo mandato de García Ortega como alcalde, 40 licencias y autorizaciones relativas a edificaciones construidas en vías pecuarias, suelo no urbanizable e incluso en zonas de uso dotacional, es decir, zonas habilitadas para otros usos educativos, sanitarios asistencial, deportivos, administrativos, entre muchos otros. En todos los casos, contaban con un informe desfavorable de la Secretaría-Intervención municipal. La mayor parte de ellas, indica la denuncia, tienen que ver con autorizaciones para la instalación y contratación de servicios de agua y luz, así como licencias urbanísticas para obras de construcción, arreglo y mejora en viviendas levantadas en vías pecuarias. Otras actuaciones autorizadas, pese a tener informe en contrario, afectaron a espacios situados en zonas que no han sido objeto de desarrollo urbanístico según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o directamente en suelo no urbanizable.
El PSOE presentó la denuncia en mayo de 2011 ante la Fiscalía Anticorrupción que, al entender que hay indicios, presentó a su vez una denuncia para que el juzgado iniciaran diligencias previas para comprobar los hechos denunciados, su autor y circunstancias concurrentes de relevancia penal. En el auto de la Fiscalía se propone que la Delegación Provincial de Medio Ambiente determine cuál es la vía pecuaria afectada y cuál es el estado del procedimiento de deslinde. Igualmente, reclama que se oficie a la Dirección General de la Inspección de Obras Públicas y Vivienda con objeto de que informe si las licencias concedidas son compatibles con la LOUA y con el PGOU de la localidad, al tiempo que pide al Ayuntamiento toda la documentación referente a los expedientes.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez ha remitido la documentación a la Fiscalía, mientras que el PSOE se ha personado como acusación particular.
Fuente: europasur.com