MOCIÓN EN CONTRA DE LOS
DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con el estallido de la crisis y el aumento
del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite
cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre
2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000
ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012
se podría llegar a la cifra de 500.000. A su vez más de dos millones
de viviendas permanecen vacías por unas u otras razones.
La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca
la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año
y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial
hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo
en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse
la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan
con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir
la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene
(una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda),
incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.
Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le
embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad
de la deuda.
La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene
comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno,
Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos
hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que
se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración
en las tasaciones de las viviendas y al lenguaje de difícil comprensión
utilizado en los contratos.
Ahora miles de personas descubren que cualquier impago, por pequeño
que sea, puede suponer el vencimiento anticipado de todo lo adeudado,
y que esos contratos hipotecarios contenían numerosas cláusulas abusivas,
como es el caso de las cláusulas suelo-techo, o de los intereses moratorios
que oscilan entre el 18 y 20%.
Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como
mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la
Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho
a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación”.
Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de
una forma especial en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos
a donde se dirigen mayormente las personas y familias afectadas en busca
de ayuda.
La pérdida de la vivienda priva al individuo o familia de toda residencia
y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros
derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional
como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y
marginación social y económica.
Es necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA
propone al Pleno del ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno Central para que apruebe
una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas
hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se
hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales
hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están
dejando en la calle a miles de familias.
2. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para
que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida
de buena fé, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140
de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se
pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda
pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado
al constituirse la hipoteca.
3. Instar al Gobierno para que se adopten todo tipo de medidas tendentes
a que los poderes públicos den cumplimiento efectivo al mandato del
art. 47 de la Constitución Española, y se estudien salidas justas
a la cuestión de las viviendas vacías.
4. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, a los Grupos
Parlamentarios del Congreso y del Senado, y al Parlamento Autonómico
de Andalucía, y a los distintos colectivos sociales de Peligros.
5. Más allá de las medidas de competencia estatal, proponer
las siguientes medidas a emprender a nivel municipal:
5.1.Plantear la eliminación del impuesto municipal de plusvalía
para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en
subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago
de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.
5.2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales
en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión
del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera
a la vivienda única y habitual.
5.3. No poner ni un solo policía municipal a disposición de las
órdenes de desahucio.
5.4. Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad
para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación
de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
5.5. Colaboración de los servicios jurídicos del ayuntamiento en
todos los casos que lo requieran.
5.6. Coordinar el trabajo en cuanto a los casos de desahucio con la
Oficina de Intermediación Contra los Desahucios dependiente de
la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía y sufragar
los gastos del viaje para acceder a la misma por parte del Ayuntamiento
en el caso de que las personas afectadas no tengan posibilidades económicas
para poder acudir a la misma.
La preocupante situación de desamparo en la que se encuentran miles
de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por
unas hipotecas fruto de la avidez sin medida de especuladores y entidades
financieras, de una legislación que no ha hecho sino permitir el inflado
de una burbuja que sólo ha estallado. Dicho estallido se ha producido
en la cara de los ciudadanos y no en la de los verdaderos responsables,
que además están siendo auxiliados con faraónicos rescates financieros
pagados de los propios bolsillos de los ciudadanos. Asistimos a la privatización
de los beneficios y la socialización de las pérdidas.
Cifras como la de más 5 millones de parados o el millón y medio
de hogares que no tienen ingreso alguno dan una idea de la dimensión
del problema. En este país hay 2 millones y medio de viviendas vacías,
la mitad de las cuales pertenece a los bancos.
Todo ello nos anima a continuar peleando por nuestros derechos en
materia de vivienda, para que no sean ninguneados. Ningún país
que se declare como desarrollado y democrático, no puede seguir abanderando
y fomentando la especulación con el ladrillo, en resumen, con un derecho
constitucional. No somos mercancía de políticos y banqueros. No queremos
un futuro hipotecado.
