RECHAZO A LA REFORMA EDUCATIVA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Consejo de Ministros del pasado 21 de septiembre recibió un Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, que pretende modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
En dicho informe se concluye que ante el estancamiento del sistema es necesaria una reforma del sistema educativo “que huya de los debates ideológicos” que según el informe han dificultado el avance en los últimos años. Sin embargo, posiblemente estemos ante una de las reformas con más carga ideológica regresiva de la historia de las leyes educativas en la democracia española, con una base motivadora que se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas desde un modelo de educación clasista, excluyente y segregador, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Así, desde el preámbulo, el denominado Anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa describe la visión de la educación desde un enfoque mercantilista y circunscrito a la promoción de la competitividad, frente a la apuesta de una educación integral desde la igualdad y las garantías básicas para la formación de calidad de todo el alumnado; habla de una reforma educativa basada en el sentido común y en sincero diálogo con la comunidad educativa, cuando se trata de imponer el prejuicio ideológico sobre la realidad contrastada, y se ha presentado sin apenas debate previo con los sectores implicados; es resultadista sin contemplar los mecanismos de atención a la diversidad que toda ley educativa mínimamente justa puede abordar en una sociedad.
Ante los recortes en educación en los Presupuestos Generales del Estado que el gobierno central ha perpetrado en una situación de asfixia a las Comunidades Autónomas, es un sarcasmo invocar una reforma educativa que pretenda avanzar en la calidad de la educación. La reducción del presupuesto en 326 millones de euros -un 14.4% respecto del ejercicio anterior-; la disminución de becas y ayudas al estudio -50 millones menos-, la desaparición de los programas de atención al alumnado con necesidades especiales,-de 13,5 millones de euros en 2012 a 0 euros en 2013- o el recorte de un 68,5% para la Educación Compensatoria son algunos ejemplos de cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno del Partido Popular en materia educativa: el sálvese quien pueda para las familias o el que quiera educación que la pague. Desde la entrada en el gobierno central, el Partido Popular ha recortado 5.212 millones de euros en educación:
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487millones en diciembre de 2011 por el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria;
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663 millones menos en los presupuestos de 2012;
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3.736 por Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo;
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los citados 326 millones menos para los presupuestos de 2013.
En este contexto, el Anteproyecto de reforma educativa fomenta la enseñanza privada en deterioro de los centros públicos, aumenta los contenidos curriculares comunes a todo el Estado del 65% al 75% del horario escolar, introduce tres evaluaciones externas o reválidas a lo largo de la etapa obligatoria, adelanta la segregación temprana entre el alumnado, debilitando el carácter comprensivo de la enseñanza básica, y otorga dos tipos de titulación de educación secundaria obligatoria que condicionará el devenir académico del alumnado en un momento de formación clave en la vida de los futuros ciudadanos.
Especial gravedad reviste la protección de los centros de educación diferenciada por sexos a los efectos de conciertos educativos, el desmantelamiento del consejo escolar de centro, que queda como órgano asesor sin funciones determinantes, o la publicación de un ranking de centros educativos por resultados para su futura financiación, sin ningún condicionamiento de tipo social, económico o de escolarización que los determinan.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA propone al Pleno del ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1.
El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera exige la retirada del citado Anteproyecto de RdeLey y la apertura de un periodo de diálogo con la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales, y apuesta por un modelo de educación pública, gratuita, laica y de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y de derechos de las familias andaluzas y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado.
2.
Muestra su rotundo rechazo a los recortes en educación de los Presupuestos Generales del Estado, que suponen una asfixia a la Comunidad Autónoma y a las familias así como impiden abordar con determinación la eliminación del fracaso escolar, la reducción del abandono escolar temprano o la mejora de la calidad educativa en el ámbito de las materias instrumentales.
3.
Decide formar parte de cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa de la educación pública se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.
4.
Da traslado al Gobierno Central a través de la Subdelegación del Gobierno de la provincia de la presente moción.
En Jimena, a 23 de octubre de 2012
