La Consejería de Empleo mantuvo el polémico sistema de pago de los ERE con el pretexto de evitar un «desorden social» un año después de que José Antonio Griñán aterrizara en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Al margen de los falsos trabajadores que se prejubilaron con fondos públicos y las ayudas a empresas y ayuntamientos de la órbita del PSOE, a la Junta le funcionó razonablemente bien la fórmula cuando estaba al frente de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre 1999 y 2008.
Su sucesor en el cargo, Juan Márquez,
mantuvo el sistema de pago con algunos cambios formales. Reemplazó la
figura de las transferencias de financiación utilizada desde 2001 por
una encomienda de gestión en abril de 2010. Empleo delegó así en el ente
instrumental de la Junta (la agencia IDEA) el pago de las ayudas a
empresas en crisis. El nuevo cambio normativo seguía teniendo grietas
(las ayudas se concedían a dedo y sin fiscalización) y tampoco puso coto
al fraude.
La filosofía permaneció invariable antes y después de Guerrero:
comprar «la paz social» a cambio de una «derrama» importante de fondos
públicos (647 millones de euros repartidos durante una década). Márquez,
imputado en el caso porque la juez entiende que continuó otorgando
ayudas a sabiendas de su ilegalidad, justificó en un informe con su
firma el 28 de enero de 2010 que se aumentara el dinero destinado a la
partida 31L por «el mantenimiento de la paz social».
Evitar conflictos
En el documento titulado «Proyecto técnico de encomienda de Gestión de la Consejería de Empleo a la agencia IDEA»,
el exdirector de Trabajo argumenta que un incremento presupuestario
podría evitar «la conflictividad laboral que puede, inclusive derivar en
desorden social tanto en el corto como medio plazo por la pérdida de
empleo que sufran los trabajadores y trabajadoras andaluzas.
En el mismo informe, dirigido al consejero de Empleo, Manuel Recio,
se vuelve a dejar patente que la Consejería de Economía y Hacienda,
entre 2004 y 2009 en manos de Griñán, tomaba parte en el proceso
estableciendo el plan de pagos de los ERE irregulares. Así lo puso de
manifiesto el propio Guerrero en otro escrito publicado ayer por ABC,
del 23 de mayo de 2005, que desvelaba que pactó los abonos en una
«conversación telefónica» con la entonces directora general de Tesorería
de la Consejería de Economía, Julia Núñez.
«Con base a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de 2010, los pagos
se abonarán mensualmente conforme al calendario de pagos que, por
resolución establezca la Consejería de Economía y Hacienda, conforme a
la normativa aplicable». En 2010 al frente de esta cartera estaba Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Hacienda y Administración Pública.
Los argumentos de Márquez y el temor a una
quiebra social en medio de la tormenta económica debieron convencer al
Gobierno andaluz, que mostró buena disposición presupuestaria. Atendió
su solicitud y dotó de más dinero la polémica partida 31L, denominada
por Guerrero como «fondo de reptiles», en parte para atender
«compromisos anteriores ya contraídos» por su antecesor en el cargo, que
ascendían a 81,7 millones. Al menos solicitó mantener en 2010 la misma
consignación de 2009 (71,4 millones)
Tres meses después, el 27 de abril de 2010,
Recio, el máximo responsable de Empleo, aprobó la encomienda de gestión
dotando a la agencia pagadora de las pólizas de 54,16 millones. La juez
amplió en julio la investigación a las ayudas concedidas bajo la nueva
fórmula implantada en la etapa de Griñán al entender que seguía siendo
irregular.
Por otra parte, la publicación por parte de ABC
de los papeles del ex director general de Empleo Francisco Javier
Guerrero, centró buena parte de lo que se dijo ayer en el Parlamento
andaluz. Todos los portavoces parlamentarios se refirieron a esta
cuestión a preguntas de los periodistas, siendo el popular Carlos Rojas el
más contundente, al considerar que las anotaciones de Guerrero
demuestran que «toda la Consejería de Empleo estaba implicada» en los
ERE irregulares y «actuaba de forma contraria a la Ley».
Dimisión de Griñán
Por ello, Rojas, que calificó de «escandalazo»
los nuevos documentos, entiende que Griñán «debería haber presentado ya
su dimisión», porque «Guerrero nunca negó su forma de actuar» y porque
«su documentación demuestra que no era él solo» el que tomaba las
decisiones de a quién se destinaban las ayudas. Asimismo, Rojas denunció
que entre 2008 y 2012 hubo 119 expedientes con reparos «bastante
llamativos», entre los que hay «muchísimos a la partida 31L».
Leído en ABC
