El caso de los ERE andaluces ha puesto de manifiesto el rol sindical en los expedientes de regulación de empleo. Los sindicatos cobran, de media, 250 euros al trabajador por asesorarle, aunque el despedido no lo autorice. Según datos del INE, en el año 2011 hubo 373.380 personas que sufrieron un proceso de regulación de este tipo.
Los sindicatos tenían derecho a cobrar por "asesoría jurídica y técnica" de media, 250 euros por trabajador, que les descontaban de la indemnización que finalmente estos recibían, diesen su consentimiento o no. Esa cantidad, multiplicada por los casi 380.000 procesos que se materializaron en 2011, arroja unas ganancias de 93 millones de euros para las arcas de los sindicatos según publica El Economista. Con la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 la negociación de este tipo de expedientes se ha flexibilizado, pero hasta este momento el proceso por el cual se llegaba a un acuerdo entre el empresario y el trabajador se convertía en un arduo proceso entre la empresa y el sindicato, considerado representante legítimo del trabajador.
Sin embargo, estos 93 millones son una estimación a la baja ya que, según El Economista, el coste por trabajador de esta asesoría podría ascender hasta los 400 euros. El crecimiento exponencial que ha experimentado esta forma de despedir desde que comenzara la crisis ha provocado que el precio de este 'servicio' varíe.
Las centrales sindicales acaban cobrando mediante descuentos sobre las indemnizaciones que perciben finalmente los trabajadores (siempre que superen los 20 días por año trabajador), independientemente de dónde proceda la compensación. Es decir, cuando la indemnización viene de las arcas del Estado (Fogasa), los sindicatos también obtienen su rédito.
Por otro lado,
ANDALUCÍA / CASO ERE
El conseguidor Lanzas llegó a hacerse con dieciséis casas
La juez afirma que amplió su área de influencia a otros cargos de la Consejería de Empleo como Rivas y que creó un entramado de empresas para mantenerse oculto
Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE fraudulentos, se consideraba el«amigo de la administración» según relata la juez Mercedes Alaya en el auto por el que lo envió a prisión. Según ese auto, al que ha tenido acceso ABC, Lanzas era el cerebro de la trama que creó «un amplio entramado de sociedades pantalla, a cuyo frente se encontraban testaferros que percibían en sus cuentas ingresos procedentes de los fondos públicos, mediante la contínua emisión de facturas falsas por servicios inexistentes».
El papel de Lanzas comenzó a tomar cuerpo cuando empezó a mediados de los 90 para la consultora Vitalia (de las que hay varios directivos en prisión). Así la relación de confianza que tenía con el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con el que coincidió en el ERE de Hijos de Andrés Molina, luego se convirtió en«importante relación de amistad». Y eso le permitió , «en virtud de sus influencias» ofrecer a futuros clientes la financiación total o parcial del proceso de reestructuración de sus empresas por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido el auto señala a otros cargos de la Consejería de Empleo.
Así Alaya cree que a partir de la amistad con Guerrero, Lanzas«amplió su área de influencia a otros cargos de la Consejería de Empleo como por ejemplo el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas». Este último, condenado por el caso Mercasevilla, era a quien correspondía autorizar los ERE en Sevilla. «Lanzas ofrecía el paquete completo-dice la juez-pues de la tramitación del expediente se encargaría el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, en el que el imputado figuraba de alta desde el 18 de febrero de 2003».
La juez insiste en que Lanzas ideó con Vitalia y «con el conocimiento de la Consejería de Empleo» cobrar sus comisiones por la búsqueda de negocio a la consultora mediante la inclusión de él, su esposa Patrocinio Sierra (también imputada) y sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz como intrusos en pólizas. Para ello precisó de «un entramado societario a través del cual poder mantener oculta su identidad y cobrar parte de las sobrecomisiones de Vitalia». El conseguidor obtuvo grandes beneficios. Según Alaya, además de los 13 millones de euros que recibiría ilícitamente Lanzas, «su patrimonio inmobiliario creció ostensiblemente». Desde adquirió 16 inmuebles, 11 a su nombre, cuatro a nombre de Maginae Solutions, y un apartamento en la playa para sus padres.
El auto estima que «podría convertir parte de las ilícitas sobrecomisiones procedentes de fondos públicos en sus ganancias aflorándolas al circuito financiero». Y todo lo hizo teniendo el control sobre estas sociedades, al frente de las cuales siempre ponía a hombres de su confianza como Eduardo Leal y su cuñado Ismael Sierra o testaferros controlados por estos. Pero además la juez, que acusa a Lanzas de prevaricación, malversación de caudales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita, asegura que las empresas «debían emitir facturas falsas» de las que se encargaba Eduardo Leal y que eran controladas por el directivo de Vitalia, Antonio Albarracín y gestionadas por Estudios Villasís.
Con esas facturas se pretendía aparentar una relación comercial que en realidad «era inexistente» entre el holding y tales sociedades para de esta forma allegar los fondos convenidos a las arcas de esas sociedades fantasmas, los cuales mediante cobros de cheques o reintegros en efectivos teminarían en manos de Lanzas. Un dinero que «en su mayor parte se lo quedaba para sí, y en otras ocasiones lo distribuía a otros intervinientes en el proceso».
Recomendado por José Guzman.
