El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó ayer una nueva medida dirigida exclusivamente a las personas desempleadas que reciben prestaciones o subsidios por desempleo y que excluye a quienes más lo necesitan por llevar más tiempo en paro y por no contar con ayudas. Se trata del llamado programa de recualificación profesional para desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social. Consiste en que los Ayuntamientos podrán solicitar hasta 100 desempleados para realizar "obras y servicios de interés general". Van desde rehabilitación de viviendas, vigilancia, reparación de calles, aceras y alumbrado, transportes públicos, gestión de residuos, prevención de incendios, actividades de ocio y cultura, turismo...
Son empleos de un máximo de seis meses que no tienen la consideración de trabajos por cuenta ajena, aunque la jornada pueda ser de ocho horas diarias, ya que la persona desempleada está obligada a desempeñar un trabajo de utilidad pública pero no será contratada ni dada de alta en la Seguridad Social, aunque percibirá una renta que complementa su prestación por desempleo. La Comunidad de Madrid pagará solo la diferencia entre la prestación y el sueldo normal del puesto de trabajo. Los que participen en el programa, además de trabajar hasta ocho horas al día, recibirán una formación de apenas 60 horas como máximo en todo el periodo en contenidos que no tienen por qué estar relacionados con el puesto de trabajo o certificados de profesionalidad.
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Es la segunda medida que prima a un sector concreto de los parados y que persigue aliviar el alto gasto en prestaciones sociales conocida en Madrid en apenas unos días, informaLara Otero. La semana pasada se conoció que el Gobierno regional ha ordenado priorizar a los que sí cobran ayudas a la hora de ofrecerles los puestos de trabajo que lleguen a las oficinas regionales. Empleo asegura que solo se hace en cuatro, dentro de un plan piloto, pero tanto los sindicatos como la propia patronal rechazan esa práctica. En la Comunidad de Madrid más de la mitad de los parados carecen de ayudas.
CC OO denuncia que este programa de recualificación profesional es una nueva discriminación, aunque reconoce que este tipo de programas no es nuevo (el real decreto que lo regula es de 1982) pero afirma que no se hacía "desde hace muchísimos años", según explica la responsable de Empleo del sindicato, Mari Cruz Elvira.
Además de la escasa formación que se ofrece a estas personas (60 horas en seis meses), Elvira entiende que se pueden cubrir puestos estructurales de los ayuntamientos poniendo en grave riesgo la estabilidad del empleo ya que la orden permite solicitar hasta 100 personas por municipio. Recurrir a estos desempleados resultará más barato que contratar, ya que la Comunidad sufraga solo la diferencia entre la prestación que reciban y el sueldo normal del puesto de trabajo.
Isabel Vilabella, secretaria de relaciones laborales y formación de UGT, también tilda la medida de "absolutamente rechazable". "Volvemos a dar empleo a los que cobran una prestación y se deja atrás a los que no la tienen", critica. A su juicio, "genera muchos problemas", la principal es que el desempleado "no podrá buscar empleo porque estará trabajando ocho horas diarias".
Además, existe el claro peligro de que "se ocupen puestos de trabajo estructurales". "Pensemos sobre todo en las campañas eventuales como las piscinas en verano. Esos puestos se dejarán de ocupar en los Ayuntamientos", añade. UGT también apunta que "recientemente muchos Ayuntamientos han hecho expedientes de regulación de empleo en los que han despedido a personal propio que en algunos casos estaba allí por oposición. Esos puestos se van a poder sustituir con desempleados".
UGT aclara que, "mientras estén trabajando, los desempleados consumirán su prestación. De hecho, su salario será su propia prestación". "Los Ayuntamientos recibirán 500 euros mensuales por cada parado que contraten para pagar la seguridad social y cinco euros por cada hora de formación que se imparta. Y hay que cumplir los requisitos de 10 horas al mes", explica.
Frente a estas críticas, la Consejería de Empleo responde que estos programas de colaboración social se realizan en otras comunidades como Andalucía y Cataluña, pero va más allá y sostiene que el 91% del plan de empleo beneficia a parados sin prestación. Pero solo porque no les excluye. Es decir, como solo el 9% del plan (15 millones, los que corresponden al programa de colaboración social) se destina solo a parados con prestación, sostiene que todo el resto beneficia a los más precarios "con medidas como la mejora de la intermediación laboral, el fomento de la contratación, el refuerzo de la formación de los desempleados, las ayudas a emprendedores y la integración laboral de personas con discapacidad".
Empleo añade que ya ha puesto en marcha una tercera parte de las medidas del plan anunciado en febrero. Entre ellas, 26 millones de euros para el fomento de la contratación, especialmente de jóvenes y mayores de 45 años; créditos de hasta 25.000 euros para emprendedores; el primer Centro de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, situado en Getafe; un Plan Piloto en cuatro oficinas de Empleo para la mejora de la intermediación laboral y ocho millones de euros para formación remunerada de parados en empresas. Todas esas medidas van dirigidas indistintamente a parados con o sin prestación. La única específica para los más precarios, dos líneas de formación con 37 millones de euros, se pondrá en marcha, según la consejería, en los "próximos días".
Leído en El País
