El Pleno del Ayuntamiento de Castellar acordó ayer fijar tres salarios de 400 euros para otros tantos concejales de Izquierda Unida como contraprestación por su dedicación parcial a las tareas de gestión municipal. El acuerdo salió adelante con los votos del gobierno municipal (IU y PP) mientras que el Partido Socialista, tercer grupo de la Corporación y único de la oposición, se abstuvo.
Los ediles que percibirán estos salarios son Francisco Javier Gavira, Paloma Delgado e Isabel Cañamaque. El cuarto concejal de Izquierda Unida, Lorenzo Sevilla, continuará sin asignación económica. La concejal del PP, Pilar Lobato, tiene asignado un salario de 800 euros netos desde el pasado mes de julio.
En cuanto al debate, el PSOE propuso que en lugar de ser contratados -lo que acarrea gastos de Seguridad Social y otros- se les concediera una gratificación mensual. El alcalde, Juan Casanova (IU), replicó que se barajó esa fórmula, si bien fue rechazada por la Secretaría al considerarse irregular. La institución estima que los tres ediles comenzarán a cobrar desde octubre.
En cuanto al orden del día, los tres grupos estuvieron de acuerdo a la hora de aprobar en fase inicial tanto la ordenanza de animales domésticos como el plan municipal de defensa forestal.
El debate político se centró a la hora de abordar una moción del PP sobre la política de estímulos al empleo de la Junta. La moción solicita que el municipio goce de la máxima catalogación como zona prioritaria. Salió adelante con los votos del gobierno (IU-PP), tras retirarse la parte de la exposición de motivos, que se consideraba politizada. El PSOE, de nuevo, se abstuvo.
Los ediles que percibirán estos salarios son Francisco Javier Gavira, Paloma Delgado e Isabel Cañamaque. El cuarto concejal de Izquierda Unida, Lorenzo Sevilla, continuará sin asignación económica. La concejal del PP, Pilar Lobato, tiene asignado un salario de 800 euros netos desde el pasado mes de julio.
En cuanto al debate, el PSOE propuso que en lugar de ser contratados -lo que acarrea gastos de Seguridad Social y otros- se les concediera una gratificación mensual. El alcalde, Juan Casanova (IU), replicó que se barajó esa fórmula, si bien fue rechazada por la Secretaría al considerarse irregular. La institución estima que los tres ediles comenzarán a cobrar desde octubre.
En cuanto al orden del día, los tres grupos estuvieron de acuerdo a la hora de aprobar en fase inicial tanto la ordenanza de animales domésticos como el plan municipal de defensa forestal.
El debate político se centró a la hora de abordar una moción del PP sobre la política de estímulos al empleo de la Junta. La moción solicita que el municipio goce de la máxima catalogación como zona prioritaria. Salió adelante con los votos del gobierno (IU-PP), tras retirarse la parte de la exposición de motivos, que se consideraba politizada. El PSOE, de nuevo, se abstuvo.
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