La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, hainstruido derechos como imputados a los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco ex consejeros del Gobierno andaluz: Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.
EL MUNDO de Andalucía ha tenido acceso al auto por el que la magistrada sevillana instruye derechos a las citadas personas, lo que en la práctica constituye su imputación, ya que se les conmina a designar procurador y abogado para personarse en la causa, si así lo desean.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalaron que la magistrada no tiene por qué remitir aún el suplicatorio ante el Tribunal Supremo (TS), en el caso de Chaves y Viera, y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de Ávila, Martínez Aguayo, Vallejo, Recio y el propio Griñán, que al haber cesado como presidente ya no está aforado por el Alto Tribunal.
La jueza, por tanto, terminará de atar todos los cabos de la instrucción antes de dar el paso que, en la práctica, puede significar perder competencias sobre una parte importante del sumario, ya que el aforamiento de los últimos imputados (un protección especial de la que disfrutan miembros del gobierno y diputados) le obliga a dejar la causa en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS).
Cabe recordar que la Audiencia de Sevilla le ha ordenado expresamente a la juez que "apure y depure" el proceso antes de darle curso ante otras instancias judiciales superiores, no sin antes, si era el caso, informar de su situación a los aforados que pudieran verse implicados en el proceso. Y eso es exactamente lo que habría hecho Mercedes Alaya.
No estaríamos, por tanto, ante una precipitación de los acontecimientos, sino todo lo contrario. Mercedes Alaya se deshace de esta forma de la presión política de quienes la acusaban de dejar en situación de indefensión a algunos implicados en la trama que aún no habían sido formalmente imputados (tal era el caso del ex consejero José Antonio Viera). Y lo hace con el amparo de la Audiencia de Sevilla, que le ha dictado al respecto la manera de proceder. Se blinda así frente a posibles recursos, algunos ya anunciados.
Ahora, los aforados imputados pueden personarse en la causa con todas las garantías e incluso declarar ante el Tribunal Supremo de forma voluntaria, lo que evita ese 'limbo procesal' del que se culpaba a la juez Alaya.
Una vez que la jueza traslade el TSJA y al TS las acusaciones contra los aforados, éste último tendrá que valorar si hay indicios suficientes para la imputación con objeto de continuar con el procesamiento o, de lo contrario, devolver la causa al juzgado de Mercedes Alaya.
Con las últimas imputaciones son ya 123 los acusados en el caso de los ERE. Al margen de la envergadura del proceso, el salto cualitativo se da en la condición de los imputados, ya que sitúa al frente del entramado delictivo nada menos que a los dos últimos presidentes andaluces. La noticia se produce en el mismo día en el que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía toma posesión y tres días después de que lo hiciera la presidenta, Susana Díaz, en sustitución de Griñán tras su dimisión.
El hecho de que se tratara de una acusación esperada no ha evitado que la noticia cayera como un jarro de agua helada en el PSOE andaluz y en un Gobierno, el de Susana Díaz, que se vanagloria de haber eliminado de sus despachos cualquier vestigio de los presuntos implicados en los ERE.
Leído en El Mundo.es
Recomendado por José Guzman.
