Juan Antonio Roca, el principal acusado en el caso Malaya, contra la presunta trama de corrupción en Marbella, y el exalcalde marbellí Julián Muñoz han sido trasladados ya a la Ciudad de la Justicia de la capital malagueña, donde este viernes se hará pública la sentencia por esta causa.
Un nutrido número de periodistas esperan desde primera hora de esta mañana la llegada de los acusados, que están citados a las 11:00 para la lectura pública del resumen del fallo de la sentencia.
También ha entrado en los juzgados malagueños el empresario Tomás Olivo. Además, en las puertas de la Ciudad de la Justicia se ha concentrado un grupo de procuradores de Málaga en protesta por la Ley de Servicios Profesionales.
El tribunal del caso Malaya notificará a los 84 procesados la sentencia dictada en esta causa contra la corrupción político urbanística en Marbella. Se sientan en el banquillo 31 empresarios, tres alcaldes y 14 concejales, además de abogados, funcionarios y galeristas que presumiblemente conformaban el universo de compromisos, sobornos, extorsión y blanqueo de capitales que movía el poderoso asesor de urbanismo del municipio durante el gilismo, Juan Antonio Roca.
La Fiscalía Anticorrupción reclama a los acusados penas y multas que suman 490 años de cárcel y 3.800 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Juan Antonio Roca extorsionaba sistemáticamente a los promotores inmobiliarios con negocios en el municipio. Amparándose en un urbanismo difuso y carente de normas puesto en marcha por el GIL, les ofrecía plegar el plan general de ordenación urbana (PGOU) a sus intereses a cambio de dinero.
Esa era, de acuerdo con la acusación, la situación de promotores como Tomás Olivo, que supuestamente pagó 2,4 millones de euros en sobornos, de Jesús Ruiz, dueño de Aifos, que presuntamente aportó otros 4,8 millones o la del empresario Fidel San Román que desde el primer momento ha declarado que entregó tres millones de euros a Juan Antonio Roca para que le desbloqueara la licencia de primera ocupación de unos bloques que había construido en Marbella.
Presumiblemente una parte menor de los fondos recaudados mediante la extorsión la dedicaba, a su vez, a sobornar a los concejales y alcaldes para que tanto en el Pleno como en la comisión de gobierno actuaran conforme a sus dictados. La Fiscalía afirma que la ex alcaldesa Marisol Yagüe llegó a recibir 1,8 millones de euros entre 2004 y 2006. Su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, otros 360.000 euros y el ex alcalde Julián Muñoz 162.000 euros.
Con el resto del dinero, siempre de acuerdo con el punto de vista de la acusación, Juan Antonio Roca hacía negocios y disfrutaba una vida de lujo. Entre los promotores con los que llegó a tener intereses comunes figuran José Ávila Rojas, Carlos Sánchez o Andrés Liétor. Parte de esos negocios se desarrollaron, además, en Marbella y aprovechándose del caos urbanístico que él mismo alimentaba desde su sillón en la Gerencia de Urbanismo.
Además, el principal acusado fichó al equipo de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita presumiblemente para que le crearan un entramado de sociedades bajo el que esconder y blanquear la fortuna que cosechaba al calor de los tejemanejes en Marbella. Las empresas estaban a nombres de terceros, sus testaferros, función que la Fiscalía afirma que desempeñaban personajes como Óscar Benavente o Montserrat Corulla.
Además, amaba el lujo: cacerías en parajes ignotos, palacetes en Madrid, decenas de cuadros y obras de arte, una ganadería caballar propia, carruajes y coches exclusivos. Anticorrupción ha estimado en 200 millones la fortuna que el ex asesor de urbanismo amasó en los años del gilismo, pese a que, según su versión, llegó a Marbella con una mano delante y detrás, sin trabajo y cobrando el subsidio de desempleo.
La visión que Juan Antonio Roca ha dado de los hechos ha ido variando con el paso del tiempo. Tras ser detenido, a finales de marzo de 2006, tardó meses en reconocer que las sociedades que se le atribuían eran en realidad suyas. Admitida esa circunstancia ha negado durante años haber exigido o pagado sobornos. Sin embargo, el 17 de octubre de 2011 el procesado Ismael Pérez Peña le dio un vuelco sustancial a la causa. Aquel día, la Fiscalía Anticorrupción anunció que había alcanzado un acuerdo con este acusado quien, a cambio de confesar que había pagado un soborno de 180.000 euros veía su petición de más de 10 años de cárcel reducida a una sanción económica y una modesta multa. Esta declaración le dio fuerza a la principal prueba de la causa: los papeles de Maras, unos archivos de Excel intervenidos durante los registros policiales en los que aparecían iniciales y cifras que las acusaciones interpretaron como las identidades de los receptores y aportantes de sobornos y las sumas entregadas y recibidas. Esa circunstancia obligó a Roca a reconocer que, efectivamente, había pagado periódicamente a los concejales pero no para influir en el urbanismo que hacían, sino para que mantuvieran unido el equipo de gobierno. Sin embargo, nunca, y a pesar de lo que hayan declarado los otros procesados, ha aceptado la existencia de otros sobornos ni de prácticas urbanísticas irregulares.
