Si para el PSOE se trata de unas cuentas “falsas e indecentes” y para Izquierda Unida son los “Presupuestos del paro, la pobreza y el pesimismo”, para UPyD (Unión Progreso y Democracia) se trata de unas “cuentas tramposas”, para Convergencia i Unió, son unas “cuentas que no responden a planteamientos racionales de salida de la crisis” y para el Partido Nacionalista Vasco (PNV), estamos ante un Presupuesto “restrictivo”. Para los sindicatos no estamos en unos Presupuestos para la recuperación, sino en unos “Presupuestos para la resignación”.
Pero quizás lo más importante es que estamos, según el antiguo responsable de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, ante unos Presupuestos que nos llevan a un camino a ninguna parte, porque el tamaño del sector público, lejos de reducirse, continuará incrementándose; el ahorro público, lejos de aumentar, seguirá siendo muy negativo; las subidas de impuestos lejos de desaparecer se prolongan un año más y, el ahorro de las familias, difícilmente podrá aumentar.
Si no son como parece, los Presupuestos de la recuperación económica y de la creación de empleo, tampoco parece que sean los “Presupuestos sociales”, como han sido bautizados por el ministro Montoro, algo a lo que se resistía la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes al adelantar las líneas generales de lo que setenta y dos horas más tarde, sería presentado en el Parlamento. El argumentario de Montoro para calificar de “sociales” las cuentas del año que viene, es que la partida más importante de los Presupuestos va destinada a pagar las jubilaciones, a las que se destinan 127.484 millones de euros, con un alza del 4,9% , y que a al gasto de prestaciones por desempleo se destinan 29.727 millones de euros. Presentado de esa forma parece que los pensionistas cobraran más y que los desempleados mejorarán sus prestaciones, cuando la realidad es la contraria. Habrá más desempleados que dejarán de cobrar el subsidio y los jubilados perderán poder adquisitivo ya que, por primera vez, el año que viene las pensiones no subirán de acuerdo con el aumento del IPC.
Según todos los cálculos, la subida de un 0,25%, supondrá que los jubilados perderán 1,25 puntos porcentuales de poder adquisitivo, porque aunque el Gobierno no ha dado cifras sobre el aumento de precios para el próximo año, varios servicios de estudios, entre ellos el de la Fundación de las Cajas de Ahorros, lo fijan en el 1,5 por ciento, que coincidiría con el llamado deflactor del consumo privado del PIB.
Si los pensionistas perderán poder adquisitivo; si los funcionarios verán congelados, de nuevo, por cuarto año consecutivo, sus salarios; si los dependientes verán reducidas sus prestaciones en un 47 por ciento; si a los asalariados normales les bajan el sueldo, y a parte de ellos, se le suben las cotizaciones a la Seguridad Social, y a los contribuyentes se les impone una carga fiscal que iba a bajar pero que no lo hará hasta que llegue la convocatoria electoral, ¿qué tienen de sociales esos Presupuestos, unos Presupuestos en los que, de nuevo, se gasta más de lo que el Estado ingresa, y que sitúa a la Deuda Pública en la astronómica cifra del billón de euros, el 100 % del PIB, un porcentaje que lastrará el crecimiento y afectará al empleo? Un porcentaje, que según el Fondo Monetario Internacional nuestro país no alcanzaba desde hace 105 años.
