La Plataforma lamenta que el Gobierno se oponga a que la Junta gestione la fincaCasanova insistió que con la nueva reforma laboral no se pueden blindar los contratos. "Es un engañabobos y lo que quiere el Ministerio de Agricultura, es que los trabajadores no se manifiesten", añadió. Además, apuntó que "la palabra del Gobierno tampoco tiene mucha credibilidad si no se apoya en algo en firme" y puso como ejemplo las declaraciones y la polémica en torno al ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Por otra parte, el presidente de la Plataforma lamentó que el Gobierno deseche la cesión de la gestión de la finca a la Junta de Andalucía. "Consideramos que debe ser patrimonio público. Nuestra postura sigue siendo la misma: cambiar la gestión pública y diversificar la actividad económica y en esa línea debería ir el Ministerio", argumentó.
El primer edil castellarense opinó que se ha dejado "morir" la finca en los últimos años con el objetivo de privatizarla. "En ningún momento ha existido colaboración ni se ha cumplido el plan de gestión", añadió Casanova, quien argumentó que lo mismo ha sucedido cuando desde el Ayuntamiento se ha propuesto otras iniciativas con el objetivo de crear puestos de trabajo en el municipio.
La Plataforma señala que el precio de la finca puede estar en torno a los 200 millones y tras el acto reivindicativo del pasado domingo se plantea nuevas protestas, así como contactar con colectivos nacionales.
Por su parte, el europarlamentario de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha realizado su segunda pregunta a la Comisión Europea referente a los planes del Gobierno de España de privatización, construcción y uso turístico de La Almoraima. El propio alcalde de Castellar confirmó que su grupo tiene serias dudas de que se cumplan las directrices europeas sobre Medio Ambiente con la propuesta de construcción de un hotel y varios campos de golf.
El pasado 27 de octubre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de España presentó su Plan especial de usos de la finca al Ayuntamiento. "Este plan especial puede estar violando varias directivas europeas con la intención de volver a especular con la destrucción del medio natural. Daremos la batalla para no aceptar la privatización de un patrimonio natural que es de todos los españoles y en especial de los castellarenses", sostuvo Willy Meyer.
En su última pregunta registrada en el Parlamento europeo, Meyer indica que el plan de usos podría infringir una buena parte del derecho europeo, desde la Directiva de Hábitats y de Aves hasta la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, que recoge varios puntos sobre la participación de los afectados en los procesos de decisión. Además, indica el valor medioambiental así como el social y económico, que tienen estos terrenos para el municipio y toda la comarca.
"Esta no es una alternativa que busque mejorar las condiciones de Castellar, se trata de la especulación, tal y como ha ocurrido en otras partes del país, que ahora pretende llegar a uno de los pocos espacios vírgenes que quedan en España", concluyó el eurodiputado.
