Todo apunta a que García pasará al grupo no adscrito.
El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), destituyó ayer de sus cargos en el gobierno municipal a la concejal de Fiestas, Ana María García (también del Partido Popular), al considerarla responsable de parte del consumo generado durante el pasado verano con el móvil del Ayuntamiento mediante la suscripción a un servicio de mensajería sobretarificada (SMS premium). El terminal de la concejal generó en junio y julio un consumo acumulado en mensajes de 20.586,57 euros (IVA incluido) por servicios de tarificación adicional prestados por la empresa Comercial Polindus 21, como adelantó Europa Sur en septiembre.
Gil -que comunicó a la edil su decisión a primera hora de la mañana- explicó a este periódico que la compañía Vodafone ha contestado al Consistorio tras la reclamación y devolución de las facturas y sostuvo que del total del consumo, unos 2.000 euros serían imputables directamente a la edil por haber autorizado la suscripción a un servicio de mensajería "similar al Whatsapp, pero de pago" en concepto de cuotas fijas. La otra parte del importe, que el alcalde vinculó al consumo de la operativa del servicio, continúa siendo analizada por la compañía -justificó- para determinar la voluntariedad del servicio y si hay que facturarla. "La concejal sigue manteniendo que no sabía que era de pago, pero lo autorizó. Una vez constatado que es así, aunque haya sido de forma inocente, ha sido destituida de sus cargos en el gobierno por responsabilidad política en el uso de medios municipales", comentó.
Frente a la versión del alcalde, Europa Sur pudo saber que el Ayuntamiento y Vodafone negociaron una quita de unos 18.000 euros en las facturas a cambio de que la concejal reconociera públicamente la suscripción al servicio y pidiera disculpas. Al negarse, Gil ha optado por la destitución. No ha trascendido si, finalmente, la compañía pasará la totalidad de las facturas a la entidad local o sólo los 2.000 euros pactados.
En cualquier caso, Gil anunció que ha iniciado un expediente de reclamación patrimonial para que la edil se haga cargo de los 2.000 euros, sin menoscabo de otros conceptos que puedan llegar en el futuro. "Vodafone va a facturar en breve plazo los costes fijos de la operativa, aproximadamente 2.000 euros, y el resto estarán a expensas que se acabe el proceso de la reclamación a la empresa que daba el servicio. No va a suponer coste para las arcas municipales porque se le va a reclamar a la concejal", insistió.
Aunque este diario no pudo contactar directamente con García, todo apunta a que continuará en la Corporación municipal como concejal del grupo no adscrito y que no devolverá el acta. El alcalde rehusó hacer valoraciones al considerar que exceden del ámbito institucional y que entraban en el terreno de lo político. "No hay crisis de gobierno", zanjó. Aunque permanezca como concejal en la oposición, los tres grupos que forman el equipo de gobierno (PP, PA y ULT) mantendrían una holgada mayoría con diez ediles sobre un total de 17.
Tras las explicaciones de la mañana, el Ayuntamiento, a través de sendos comunicados oficiales, mostró su apoyo a la labor desempeñada por García pero insistió en la necesidad de depurar responsabilidades por el uso de medios públicos. "Ha sido un final desagradable. Gracias a su gestión y dedicación Tarifa ha conseguido sacar adelante proyectos brillantes que han servido para la promoción de la ciudad y la dinamización de todo un sector económico. La acción que se le cuestiona no es más que una serie de conversaciones telefónicas intrascendentes que por estar acogidas a una tarificación especial dejan de ser propias de un uso puramente municipal y público. Ha sido un error que no tendría ninguna trascendencia en el ámbito personal pero que produce un efecto drástico por haberse ocasionado en el ámbito de las responsabilidades públicas, donde no se admiten este tipo de errores por la ejemplaridad inherente a la función y responsabilidad publica", trasladó.
En una segunda nota, los partidos socios del gobierno local (ULT y PA) se sumaron a estas valoraciones y mostraron su respaldo a la decisión del alcalde. "Esta resolución deja muy claro que el Ayuntamiento queda libre de cualquier pago sobre estas facturas pendientes. Somos conscientes de la necesidad de dar una solución y explicación al polémico episodio de las facturas de telefonía del móvil adscrito a la delegación de Fiestas", trasladaron, a la par que dijeron respetar también las decisiones de García y le desearon lo mejor "en lo profesional y personal".
