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| Foto: Tiojimeno |
La declaración de ambos políticos fue solicitada en noviembre pasado por el abogado Fernando de Pablo, que representa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa.
El letrado argumentaba para pedir la declaración de ambos –sin especificar si debían comparecer como testigos o imputados- que a lo largo de las diligencias de los ERE se viene cuestionando, en relación con la concesión de ayudas, la "carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación", y advertía que en los primeros momentos del tiempo investigado y a modo de ejemplo fueron concedidas con cargo a la partida 31L –conocida como el fondo de reptiles- ayuda a la Diputación de Sevilla (dentro del programa Sevilla son sus pueblos) a través de su "empresa instrumental Sevilla Siglo XXI", y a las empresas Autologística de Andalucía S. A. y Centro Limpieza Industrial Huévar.
Según la defensa de Guerrero, en esas ayudas intervinieron "muy activamente Fernando Rodríguez Villalobos y Diego Valderas", por lo que con el fin de "acreditar la solvencia" de dichas ayudas, solicitaba que ambos fuesen citados "con el fin de, tras su interrogatorio, poder acreditar los extremos anteriormente expuestos".
Ante esta petición, la juez Alaya ha ordenado dar traslado del escrito de la defensa a la Guardia Civil para que "investigue los hechos expuestos", por lo que rechaza que presten declaración Villalobos y Valderas “hasta tanto no conste el resultado de dicha investigación”.
La juez ha rechazado otras de las pruebas propuestas por el ex director de Trabajo, que había pedido que se tomara declaración al jefe de la UCO de la Guardia Civil por la supuesta "falsedad" e "inexactitud" del informe realizado sobre los movimientos de las cuentas bancarias del ex alto cargo. Alaya ha afirmado que "hasta que no se complete la instrucción no se recibirá esa declaración".
