Hay un centenar de fosas comunes y 3.021 desaparecidos en Cádiz.
De esa tierra, reabierta contadas veces desde las ejecuciones rebeldes,
se han extraído los restos de 64 personas. La primera vez, en El
Bosque, hace justo diez años para, en total, sumar un escaso tres por
ciento de posibles actuaciones que abarcan sin embargo las
singularidades sobre las que pivota la búsqueda de las víctimas del
franquismo: implicación pública, exhumaciones pagadas por la sociedad
civil y prohibición de trabajos arqueológicos.
El
Gobierno del PP nunca derogó la ley estatal de memoria histórica. La
dejó morir de inanición y así, sin presupuesto, el lánguido efecto se
diluye. Es la queja de los colectivos implicados. La Ley de Memoria
Democrática de Andalucía –se tramita el anteproyecto– pretende paliar
ese déficit, asumiendo el "deber del Estado" y una política pública de
reparación. Con una gran piedra en el camino: La dotación económica
asignada, simbólica por ahora. Ahí está la duda de asociaciones y familiares. ¿Cuánto se tardará en aplicar el nuevo marco legal?
La provincia gaditana, como paradigma, tiene la primera exhumación
pública con resultados de Andalucía, en El Bosque (2004), y otra en
Grazalema, con dinero institucional y funcionarios a pie de fosa. Y el
cortijo El Marrufo, proceso sufragado por un ciudadano. O el intento
infructuoso de la fosa del Pareoro en Torre Alháquime y la prohibición
en Alcalá del Valle. Este año, además, arranca la tarea en el cementerio
de Cádiz dentro de los once proyectos de intervención directa subvencionados por el Gobierno andaluz, que alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento.
La primera exhumación pública con éxito de Andalucía
El tiempo guarda también casos sumidos en nebulosa. Jimena de la
Frontera, finales de los 70, familiares con picos y palas toman la
tierra… Año 2006, camposanto de la capital gaditana. Se extrae un
cuerpo. No hay restos de ataúd. En la diligencia de sepultura del
expediente del Consejo de Guerra consta inhumación en caja de madera.
"Un tema peliagudo", cuenta el investigador Fernando Romero.
El enterrador indicó 68 años después dónde estaban los asesinados en El Bosque. José Vázquez señaló el lugar
y cómo los falangistas le obligaban a cavar las fosas. Sabía que eran
de Ubrique, Benamahoma o Grazalema pero no los conocía. La estrategia de
"desaparición" de los derrotados convenía en repartir los muertos de un
pueblo a otro. El Ayuntamiento amplió el cementerio y las obras casi
acaban en el "expolio" de las tumbas. La insistencia de familiares y
asociaciones de memoria dieron con el primer rescate de desaparecidos
forzados: 12 personas, año 2004.
Como explica el
coordinador del grupo de memoria de CGT-A, Cecilio Gordillo, la
exhumación supone un hito por el respaldo de la administración y "todas
las garantías legales" que suponía acogerse a un decreto publicado por
la consejería de Justicia que regulaba estos procesos. No ha vuelto a
ocurrir, pero aquella vez los técnicos eran empleados públicos, con un
equipo arqueológico de la delegación de Cultura y operarios municipales.
Un año más tarde se extrajeron ocho cuerpos con apoyo de la Diputación de Cádiz, igual que en Grazalema,
con 16 víctimas exhumadas en 2008, labores adscritas al Servicio de
Recuperación de la Memoria Histórica del que era responsable el actual
coordinador del Grupo Regional memorialista del PSOE, Carlos Perales.
"Esas actuaciones se hacen cuando la delegada de Cultura en Cádiz es
Bibiana Aído, que envía a los arqueólogos y se compromete en continuar
estos trabajos después del decreto pionero de la Junta de Andalucía",
manifiesta Perales. Unos trabajos paralizados "al entrar el PP a
gobernar en Diputación y el servicio de memoria, desde entonces, queda
anulado".
En una de las escenas de
la represión en Grazalema, las nuevas autoridades franquistas sacaron de
sus casas a un grupo de mujeres acompañadas de dos niños, cuando la
guerra provocada por el estallido golpista no había terminado. Tenían
entre 20 y 30 años y un 'delito', ser mujeres o novias de republicanos.
'Paseo', humillación… acabaron sepultadas en una "fosa de castigo", en el paraje conocido por Los Alamillos.
Certificado de inhumación de un fusilado.
Un empresario, nieto de desaparecido, aporta 180.000 euros
Valle de la Sauceda, término de Jerez de la Frontera, último refugio
republicano de Cádiz y primera línea defensiva de Málaga. Cientos de
personas huyen ante el avance rebelde. Se concentran en una finca, El Marrufo,
que muta en centro de fusilamientos masivos de noviembre del 36 a
febrero del 37. Las tropas sublevadas no muestran compasión, como relata
el doctor en Historia Fernando Sígler. La capilla del cortijo sirve
para la retención y violación sistemática de mujeres. Entre 300 y 600 desaparecidos yacen en la zona.
En 2012 se recuperan 28 de ellos. Una subvención andaluza permite la
localización y cata arqueológica. La exhumación debe presupuestarse con
ayuda estatal pero nunca llega. La Asociación de Familiares de
Represaliados de El Marrufo ve encallar el proceso por la ausencia de
recursos económicos. ¿Cómo se desbloquea la situación? El dueño de la
empresa de relojes Lotus, Miguel Rodríguez, aporta 180.000 euros.
Busca a su abuelo Francisco Domínguez. "Me parece de juzgado de guardia
que tenga que ser un particular quien financie la excavación", se quejó
entonces el empresario gaditano.
En Alcalá del
Valle, por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) inició dos exhumaciones, sin que en ningún caso contase
con financiación pública ni protocolo público
firmado. El equipo arqueológico desplazado desde León buscó en
septiembre de 2011, sin éxito, una fosa común con al menos diez
asesinados en 1936. A finales del pasado año regresó a otro
enterramiento, bajo las mismas circunstancias. Ésta vez, la
administración paralizó el proceso por no cumplir los requisitos
burocráticos.
