El
alcalde de Castellar, Juan Casanova, se ha reunido esta mañana con su equipo de
gobierno para analizar la situación de la finca Majarambú (de 207 hectáreas)
cuya titular es la Junta de Andalucía.
Haciendo un recorrido por los
últimos 3 años, el alcalde, recuerda el conjunto de ‘traiciones’ realizadas por
la consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente. En primer lugar, y una vez
paralizada la intención de la Junta de vender esta finca, la consejería de Medio Ambiente la incorpora en el catálogo
de montes públicos de Andalucía. Una maniobra que desde el ayuntamiento de
Castellar se interpreta como un intento de obstaculizar el uso agrícola por el
cual se expropió en su día. Esta catalogación se mantiene oculta, sin informar
al propio ayuntamiento, sabedores del interés del consistorio chisparrero.
Pero estas traiciones han continuado
a lo largo de los últimos años. En junio del año 2012 se produce una reunión
entre el alcalde y el entonces consejero de Agricultura, Luis Planas. Fruto de
esa reunión, se acuerda establecer un plazo de 6 meses para que desde el
ayuntamiento se elabore un proyecto agrícola/ganadero y desde la consejería se
ultimen los trámites para que la finca pueda ser gestionada por el pueblo de
Castellar. El alcalde cumple, el consejero no. La respuesta que llega desde la
consejería es que el proyecto hay que perfilarlo. Al alcalde contacta con el
presidente del IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agrícola,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica), Víctor Ortiz. Se acuerda
crear una comisión formada por técnicos de la Junta y los técnicos que han
participado en la elaboración del proyecto agroecológico presentado
(fundamentalmente de la Universidad de Córdoba). La dilación en concretar
fechas de la primera reunión técnica y ante la insistencia del alcalde, se
finaliza este proceso informando verbalmente de que este tema ha dejado de tener
interés para la consejería y que el IFAPA no va a colaborar en la depuración
del proyecto. Otro indicador más de la falta de voluntad política del partido
socialista por avanzar en este asunto.
Ante esta situación desde el
ayuntamiento se decide realizar algunas
acciones de protesta: un encierro en el salón de plenos y una ocupación
simbólica que consistió en instalar por un día la oficina de la alcaldía en los
terrenos de la finca. La respuesta de la consejera de agricultura, Elena
Víboras, fue la de enviar a la policía autonómica con la orden de desalojar al
alcalde y no permitir la entrada a nadie. Este signo es interpretado por el
alcalde como un indicador de la falta de sensibilidad del partido socialista
con el pueblo de Castellar que prefiere enviar a la policía antes que poner en
valor una finca que lleva abandonada varios lustros.
Por último, en los presupuestos de
la Junta de 2014 se incorporan 3 millones de euros para dedicarlos a las
tierras públicas. Desde Castellar se ve como una oportunidad de impulsar la
solución del conflicto con Majarambú. Sin embargo, está finalizando el año y
aún no se ha definido el uso que se le va a dar a estos tres millones de euros.
Tanto el alcalde de Castellar como
su equipo de gobierno no pueden entender esta postura intransigente del partido
socialista que prefiere mantener tierras públicas sin uso antes que permitir
que un ayuntamiento lidere su explotación y puesta en valor.
Nota de prensa del Ayuntamiento de Castellar
