El Partido Socialista de Cádiz esperará hasta agotar el último resquicio judicial para decidir si mantiene o destituye a Pascual Collado como secretario local y candidato a la Alcaldía de Jimena ante el proceso judicial por el caso Gremio, que investiga pagos municipales durante la anterior Corporación local -cuando él era alcalde- vinculados al festival de música de Jimena.
La secretaria de Organización del PSOE gaditano, Araceli Maese, insistió ayer en declaraciones a Europa Sur que hay que esperar al pronunciamiento definitivo de la juez de San Roque que, tras terminar la instrucción de la causa, ha ordenado que se continúen los trámites para celebración de juicio oral. Una decisión que se ha conocido cuando apenas faltan tres meses para la celebración de los comicios municipales del 24 de mayo y que, en caso de quedar ratificada, provocaría una colisión entre la situación de Collado -al pasar de imputado a procesado- y el Código Ético del PSOE donde se preconiza que los cargos públicos y orgánicos que sean llamados a juicio deberán poner sus cargos a disposición del partido. Collado es el único miembro de la candidatura del PSOE para 2015 que está inmerso en el procedimiento judicial; si bien es el cabeza de lista.
Maese reconoció que llegado el extremo, el Código Ético será cumplido "a rajatabla". "Pero por ahora es un futurible. Si Collado entra en juicio oral, lo cumpliremos a rajatabla. Pero cuando se dé la situación. Porque nos lo exige la organización por una exigencia que es moral y ética", valoró la secretaria de Organización socialista, quien emplazó a esperar acontecimientos. Preguntada sobre la posibilidad de que el paso de imputado a procesado de Collado se produzca en vísperas o en plena campaña electoral, Maese apeló a los diferentes plazos y trámites a los que da pie el último auto judicial.
La defensa de los socialistas, comentó Maese, va a recurrir este pronunciamiento judicial -notificado a las partes el pasado jueves 12- y solicitará nuevamente el sobreseimiento (archivo) de la causa. "Por lo tanto, tenemos aún esa posibilidad. Por ahora es una situación que no se ha dado porque la juez deberá pronunciarse -sobre si abre juicio o archiva- más adelante", comentó Maese
Sin embargo, la apertura de juicio oral contra Collado y los otros cinco imputados es poco más que una cuestión de tiempo pendiente de una formalidad: que el Ministerio Fiscal o la acusación particular emitan informes de acusación. El auto judicial ya muestra la voluntad de la titular del Juzgado Mixto número 1 de San Roque de abrir el proceso al entender que los hechos instruidos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, según el Código Penal, tras la práctica de las diligencias previas hace ahora un año.
Maese comparó la actual situación de Collado -del que insistió aún no está procesado- con la de la alcaldesa de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo (PP), condenada a ocho años y medio de inhabilitación en primera instancia por conceder licencias de obra en contra del planeamiento municipal y de los informes técnicos. "El PP también tiene un código ético y sin embargo tiene a una alcaldesa condenada y que dice que va a ser nuevamente la candidata. Y en este caso ya hay una condena aunque no es firme", apuntó.
Maese puntualizó que la imputación supone una garantía legal para la defensa y, como tal, hay que esperar a que no quepan más vías de réplica antes de adoptar ninguna decisión orgánica.
El caso Gremio se origina tras una denuncia presentada a finales del año 2013 por el actual alcalde de Jimena, Guillermo Ruiz (PP), al entender que el equipo de gobierno precedente (del Partido Socialista y con Collado como máximo responsable) incurrió en un caso de prevaricación por ordenar el pago de 351.542,70 euros a la empresa Gremio, organizadora de varias ediciones del Festival Internacional de Música de Jimena.
En la denuncia interpuesta en su momento se aseguraba que el convenio de organización del festival consideraba que la empresa operaba a riesgo y ventura; es decir, la obtención de los beneficios quedaba supeditada a la venta de entradas. Frente a esto, el actual gobierno sostiene que el anterior equipo municipal aprobó durante su etapa en el Consistorio el pago de ese dinero sobre un total de 376.172,11 euros en facturas presentadas por la empresa con dos informes en contra, el de la Intervención municipal y otro de la Diputación Provincial de Cádiz.
Esta denuncia provocó a principios de 2014 la imputación de Pascual Collado, así como de otros cinco socialistas que formaron parte de la Corporación 2007-2011: Andrés Beffa, Noelia García, Mercedes Segovia, Fernando Gómez y Jesús Rodríguez. Todos declararon como imputados a mediados de febrero de 2014 y persisten bajo esta figura legal a día de hoy, según el auto emitido la pasada semana.
Los imputados han venido defendiendo que ante la ausencia de habilitados nacionales en el Consistorio, se solicitó un informe al Servicio de Atención a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de Cádiz. Éste fue positivo, según la versión mantenida por Collado ante la juez en su declaración. "El informe al órgano supramunicipal se solicitó precisamente por la falta que tenía el Ayuntamiento de un interventor y secretario habilitado. No los teníamos en aquel momento y recurrimos a la Diputación para asesorarnos y tomar una decisión que entendemos correcta", expuso Collado ese día a las puertas de los juzgados de San Roque, en declaraciones recogidas por este periódico.
