Hace bastantes meses saltó la noticia de que dos ex alcaldes algecireños estaban imputados en ella, así como tres funcionarios del ayuntamiento.
De nuevo vuelve a la palestra mediática mediante un auto, especialmente pedagógico del Juzgado Central de Instrucción n.5 de la Audiencia Nacional en Madrid. El ministerio fiscal considera competente a ese juzgado Central para seguir la instrucción de la causa, partiendo de las diligencias previas iniciadas en 2013, por la Jueza Alaya en el juzgado de Instrucción numero 6 de los de Sevilla.
La finalidad de la instrucción (fase inicial del proceso penal) es la de realizar los actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente y para general conocimiento el auto califica de “estado incipiente” de la investigación. No es aventurado esperar que este caso se alargue en el tiempo, después de 2 años de instrucción en el juzgado sevillano. Recordemos que el periodo donde se han podido ir realizando los pagos de las comisiones ilícitas parece comenzar en 1995 y termina en 2013 cuando se inicia la investigación policial.
El traslado de la causa a la Audiencia Nacional se sostiene entre otros motivos en el amplio conjunto de las instituciones públicas afectadas, tanto del Estado como en distintas Comunidades Autónomas: Andalucía, Extremadura, Valencia, Canarias, Cataluña, Madrid y Aragón. Sólo en Andalucía se encuentran el Ayuntamiento de Algeciras, las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Cádiz y Huelva, las diputaciones provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, dos ayuntamientos el de Sevilla y el de La Carolina (Jaén), la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía También ADIF una las empresas que se han visto afectadas en sus gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.
De momento se encuentra 96 personas imputadas y hasta el momento el importe de los pagos fraudulentos calculado por la Unidad de formes de la UCO puede haber ascendido a 4.300.000 €. Importa y mucho la intervención de la Unidad Central Operativa, dependiente de la Guardia Civil, ya que al intervenir en varias tramas ha podido ir siguiendo los múltiples hilos que han llevado a varias operaciones, como el caso “madeja” que nos ocupa o la Operación Púnica. En esta última, con mayor entidad (250 millones de euros), se imputan a varios empresarios y cargos públicos, entre ellos a Francisco Granados, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, ex senador, y quien ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid, hoy en prisión.
Fdo. Rafael Fenoy Rico
