El alcalde de Jimena de la Frontera, Pascual Collado (PSOE), acudió ayer al Juzgado Número 2 de San Roque para declarar como imputado por supuestos delitos de prevaricación y pagos indebidos en el pago de facturas al despacho del abogado Antonio Viñas de Roa, también imputado en el caso y que declarará próximamente. Se investiga la legalidad de tres minutas de honorarios por procedimientos diferentes con el mismo importe y con informes contrarios de Intervención.
Precisamente, el exinterventor del Ayuntamiento jimenato, Jorge Delgado también declaró ayer en calidad de testigo.
Sendas minutas procedían de procedimientos judiciales penales. En la querella del edil del PA se indica que las tres facturas de importe menor corresponden a un total de 47.198,82 euros procedentes de una reclamación vecinal, concretamente de los vecinos de la zona llamada El Perlo. Además, dos de ellas son del año 1997 y se encuentran en las diligencias previas 864/2007 y 152/07 que corresponden a dos denuncias por delitos contra la ordenación del territorio.
En su declaración ante el juez y que se prolongó durante una hora y cuarto aproximadamente, el primer edil contestó a las preguntas de la parte denunciante que le cuestionaron sobre la coincidencia de igual importe en las tres facturas, siendo supuestamente procedimientos diferentes.
A su salida del juzgado, Collado aclaró que se trata de diligencias previas y que está siendo investigado por una denuncia que se interpuso semanas antes de las elecciones de 2011.
El primer edil reconoció que la facturas se vinculan a vecinos y señaló que se trata de tres importes que no se acogen a procedimientos de contratación. A este respecto, añadió que existen varios proveedores en idéntica situación en el Ayuntamiento de Jimena.
Así mismo, aclaró que estas facturas son de antes de llegar él a la Alcaldía. "Estoy tranquilo porque sé que la denuncia no tiene mucho recorrido porque este es un tema electoralista, por lo que confío en que se archive el caso", apuntó.
Tras Collado declaró Jorge Delgado como testigo. Las diferentes partes le preguntaron por su documento contrario al pago de las minutas. En él señalaba que "dichas facturas no se ajustan a la legislación vigente en matera de contratación pública recogida fundamentalmente en la ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público, en lo referente a los límites cuantitativos para su tramitación como contrato menor".
Concluye el documento informando desfavorablemente de estas operaciones y emitiendo las pertinentes notas de reparo.
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