En el año 2007, el gobierno socialista aprobó la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica), con un amplio consenso.
Sólo tuvo el voto en contra del PP y de ERC.
El PSOE, lideró así, una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados con nuestra más reciente historia. En esta ley, que tuve el honor de votar en el Senado, se ampliaron y reconocieron los derechos de todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
Si evaluásemos su aplicación, es una ley que tuvo un alto grado de cumplimiento. De esta forma, se ha procedido a la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctimas del franquismo de miles de personas. Se han mejorado las prestaciones que venían percibiendo las víctimas de la guerra y el franquismo y se han reconocido prestaciones a nuevos colectivos, como los denominados “niños de la guerra”, las víctimas del tardofranquismo o las personas homosexuales que fueron represaliadas por serlo. Se intensificó la labor de retirada de símbolos franquistas. Se concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales. Se creó, en 2008, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para una atención e información centralizada al colectivo. Se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos. Se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta tarea. Se hizo hasta que el PP llegó al Gobierno y redujo a 0 euros esta partida presupuestaria y suprimió la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Es obvio que habría que dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica.
Las recomendaciones de Naciones Unidas marcan el camino a seguir en la gestión de la memoria histórica. Básicamente, el Estado debe asumir directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Se trata de que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva y no dependa de la voluntad del gobierno de turno.
Se debería crear una Comisión de la Verdad, en línea con lo recomendado por NNUU.
José Carracao