La interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones del Gobierno regional, María Teresa Arrieta Viñals, compareció este lunes ante la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para desentrañar la maraña de los cursos y lo contó, ante la estupefacción de los diputados de todos los partidos. De todos salvo de los del PSOE.
Arrieta Viñals habló abiertamente de "desconfianza" por parte de la UE, aunque no quiso cuantificar el dinero perdido por la mala praxis de la Junta. La situación llegó a ser tan grave que en junio del año pasado el consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, viajó discretamente a Bruselas para convencer a las autoridades comunitarias de que reanudaran la inyección de fondos a Andalucía.
Últimamente los andaluces no ganan para disgustos. Hace sólo unas horas se ha sabido que la juez instructora del caso de los EREs, María Núñez Bolaños, se ha dejado escapar a 12 empresarios amigos delPSOE que recibieron ayudas ilegalmente. Los delitos de los que se les acusa han prescrito, dada la lentitud de una instrucción que dura ya más de cinco años.
