El próximo jueves 14400 personas en la provincia de Cádiz, que trabajan en la docencia andaluza en los centros educativos públicos, están convocadas a emitir su voto. Se cumplen 28 años de las primeras elecciones sindicales en este sector que afecta en Andalucía a 98000 personas. Más de un cuarto de siglo permiten observar con cierta perspectiva lo que han supuesto las elecciones sindicales en las condiciones laborales de ese enorme colectivo. Los sindicatos han ido en cada cita electoral ofreciendo el “oro y el moro” a un electorado que, elección tras elección, se ha ido resistiendo a emitir el voto.
La abstención ha ido ganando adeptos, al mismo tiempo que la desilusión hacia mella en el ánimo cada vez más apagado de millares de funcionarias y funcionarios docentes cansados de soportar condiciones de trabajo cada vez más adversas.
Pactos firmados con la Consejería de Educación por uno o dos sindicatos, dejaban en papel mojado los miles de votos conseguidos por los otros sindicatos que no firmaban. La práctica política de negociar a espaldas de las mesas sectoriales y juntas de personal, con sus sindicatos afines, han dejado el sistema de representación en entredicho en múltiples ocasiones. Los de siempre han conseguido un respaldo electoral suficiente para seguir con su halo de legitimidad. Al mismo tiempo estos “mayoritarios” han ido obteniendo millones de euros de subvenciones del Gobierno andaluz. Centenares de liberados sindicales por encima de las horas legalmente establecidas como aguinaldos para así obtener su “comprensión” y su firma en múltiples acuerdos nocivos para los intereses del colectivo de docentes andaluces. Propios y extraños pueden que no conozcan como se ajusta el salario del profesorado andaluz. 28 años reivindicando la homologación salarial con el resto del estado, que en Andalucía se aplica obteniendo una media de las 11 comunidades con menores salarios, ya que las 5 comunidades con mayores salarios no entran en el cálculo. La proporción de profesores por unidad tampoco está homologada en Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas. Mientras que en Cataluña la ratio profesor unidad es secundaria se acerca a 2,5 (es decir dos profesores y medio) en Andalucía no llega al 1,9. Otras mejoras como la existencia de monitores escolares tanto de infantil como de necesidades educativas especiales sigue siendo un tema pendiente de homologación. Por último las ratios escolares, que CGT ha venido denunciando ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, siguen siendo ilegales y las más altas de todo el estado.
Seguir votando a aquellos que han legitimado por acción u omisión estas situaciones y que no han confrontado con el gobierno andaluz para romper esta involución de las condiciones laborales, supone seguir otros cuatro años con más de lo mismo. El descontento en los centros educativos lleva a muchos a la abstención, pero esa abstención no influye en el resultado final, ya que con ella se “abarata” el número de votos necesarios para conseguir delegados sindicales. La alternativa es votar a otras organizaciones que mediante la dignidad y la lucha han plantado cara a la Consejería de Educación y al gobierno andaluz, y que además no pretenden secuestrar la voluntad del profesorado, ya que insisten en la necesidad de avalar los acuerdos mediante referéndums. Votar a una organización que proclama que “si nadie trabaja por ti que nadie decida por ti” es la mejor opción posible. Es preciso un sindicalismo combativo para estos tiempos inciertos.
Fdo. Rafael Fenoy Rico Secretario de Jurídica y Comunicación de CGT Enseñanza
