La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Cádiz ha criticado la actual situación por las que están atravesando los casi 100 agentes de Medio Ambiente de la provincia de Cádiz "debido a las medidas tomadas por la Administración para el recorte del gasto público, que está provocando en la realidad una parada técnica y funcional de la plantilla al no poder desempeñar su trabajo por la falta de combustible de sus vehículos".
En un comunicado, el delegado de UGT en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, Bartolomé Jesús Fernández, ha explicado que la restricción del gasto público ha alcanzado su "mayor exponente" en las asignaciones presupuestarias que hasta ahora venían dedicándose al funcionamiento de vehículos de los servicios de los agentes de Medio Ambiente, "ya de por sí mermadas desde hace unos meses".
Según Fernández, "este recorte de hasta un 60 por ciento en el combustible y la reducción importante en la asignación para averías, unidas a las bajas de vehículos que se están llevando a cabo", determina la "imposibilidad material" de que los agentes de Medio Ambiente puedan prestar los servicios que tienen encomendados. En este sentido, ha recordado que entre sus tareas están la gestión específica de los espacios naturales protegidos, la prevención, investigación y extinción de incendios forestales, la prevención y calidad ambiental, la gestión de la flora y fauna o la vigilancia del litoral.
A juicio del delegado de UGT, esta situación "va a generar, sin ningún género de dudas, un retraso en la resolución de todos los expedientes administrativos en cuya tramitación se incluye un informe preceptivo del agente de Medio Ambiente de la zona donde se pretende realizar la actividad solicitada".
Fernández ha recordado que "ese informe, por su propia naturaleza, no se puede realizar sin comprobar in situ ciertos aspectos que obligan al desplazamiento del agente al lugar donde se van a realizar las tareas encomendadas", lo que a su juicio, se une "al menoscabo de la labor de vigilancia preventiva que los agentes de este colectivo de funcionarios realiza sobre el medio natural y todas las demás encaminadas a la protección del medio ambiente en general".
Para el sindicalista, estas medidas de ahorro sobre el trabajo de este colectivo "va a producir en la ciudadanía unos efectos contrarios al principio de eficacia con el que la Administración debe actuar a la hora de velar por los intereses públicos, recogido en el artículo 103 de la Constitución". Asimismo, ha añadido que "estos recortes van a provocar disfuncionalidades en el servicio que van a pagar los ciudadanos y que, en ningún caso, pueden ser atribuidas al comportamiento de estos funcionarios sino a las directrices de la Administración sobre la reducción del gasto en funcionamiento".
