El Ejecutivo reformará la ley de extranjería para endurecer los requisitos. Quienes no residan legalmente solo tendrán acceso a urgencias y maternidad
En plena crisis económica, las principales víctimas de las medidas que pretenden combatir el abuso que algunos ciudadanos extranjeros hacen de la sanidad pública española pueden ser los inmigrantes más desprotegidos.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona.
El Gobierno reformará la Ley de Extranjería para poner en marcha nuevas restricciones. “El padrón no les bastará”, ha manifestado Mato, quien explicó que para otorgar la tarjeta sanitaria se verificará que quienes la solicitan “de verdad” viven y “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”. Es decir, que tienen residencia legal en España. Mato justificó este cambio aduciendo los abusos de quienes traen a sus familiares exclusivamente para recibir tratamientos médicos. El resultado de estos cambios será que quienes estén en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el número de extranjeros en situación legal asciende a 5.251.094, según los datos del ministerio de Empleo, con lo cual la cifra de ciudadanos 'sin papeles' que podrían verse afectados por estos cambios rondaría el medio millón de personas, a falta de depurar posibles duplicidades en el padrón que admiten los expertos.
Leído en El País
